Familiares de los detenidos y el defensor de los exguerrilleros detenidos de Santa Marta, Victoria, en el departamento de Cabañas, reclamaron al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque porque no ha programado la audiencia de revisión de medidas ordenada por la Cámara de la Segunda Sección del Centro, de Cojutepeque.

"Lo que solicitamos es al juzgado de primera instancia de Sensuntepeque, que señale a la brevedad posible para que cumpla su atribución legal para que se lleve a cabo la audiencia de revisión de medidas", expresó el abogado Dennis Muñoz la mañana de este miércoles.

La comunidad y el defensor recordaron que a finales de junio, la Cámara ordenó revisiones médicas a los imputados y posterior a ello, hacer una audiencia de revisión de medidas, sin embargo, la no programación es vista como "una actitud dilatoria" de parte del juzgado.

De igual forma, reclamaron que la revisión médica debe ser asumida por el Instituto de Medicina Legal, dado que no cualquiera tiene acceso a los reos, y porque el sistema ya tiene estipulado un procedimiento, donde es esta institución la encargada de los peritajes de salud.

Los líderes de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica tildaron el atraso del juzgado como un desacato a los magistrados de Cámara y junto a la defensa, reprocharon que el proceso no tiene pruebas.

"¿A quién está obedeciendo el sistema judicial? Si la jueza desobedece una orden de la cámara, ¿a quien está obedeciendo la jueza? Si ella está en desacato tiene que estar obedeciendo a otro poder, y este poder puede ser el Ejecutivo o algún otro poder económico que tiene interés en reactivar la minería en el territorio", sostuvo Morena Murillo en el pronunciamiento que hicieron este miércoles.

El 11 de enero de 2023, la Policía Nacional Civil por órdenes de la Fiscalía General de la República capturaron a Fidel Recinos Alas, conocido como el comandante Raúl Hércules, de la Resistencia Nacional; Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García y Pedro Antonio Rivas Laínez, detenidos en la comunidad de Santa Marta; además fueron capturados, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega, en las oficinas de ADES, en Guacotecti, siempre en Cabañas.

Todos son acusados del asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido en agosto de 1989 en esa misma jurisdicción.

Orden judicial

El 28 de junio, la Cámara de la Segunda Sección del Centro, de Cojutepeque, en Cuscatlán, ordenó una evaluación médica de manera "urgente" para los seis detenidos de la comunidad Santa Marta, quienes son procesados desde enero de este año por un asesinato cometido durante el conflicto armado.

"Ordenar que previo al señalamiento de día y hora que deberá para la audiencia especial de revisión de medidas, gire oficios correspondientes al Instituto de Medicina Legal para que médicos forenses evalúen la situación de salud de todos y cada uno de los imputados de manera urgente", dice la resolución de la Cámara.

La orden de la Cámara ocurrió luego de anular la resolución emitida el 13 de junio por la jueza del Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, en donde negaba la solicitud hecha por la defensa de una audiencia de revisión de medidas, bajo los argumentos que era repetitiva.

Extienden plazo

La única resolución que ha hecho el juzgado de Instrucción de Sensuntepeque recientemente ha sido para extender el plazo de investigación en este caso por seis meses más contra los seis procesados, situación que fue cuestionada por la defensa, este miércoles, alegando que no hay pruebas y se trata de un vacío legal.

La etapa de instrucción venció éste 2 de agosto, pero con la nueva ampliación pasa hasta el 2 de febrero del 2024. De igual forma, el juzgado negó levantar la reserva total de información al caso, luego que la Fiscalía le pidiera que la reserva sea parcial.