Entre las capturas recientes, la Policía Nacional Civil (PNC) destaca la de 10 supuestos colaboradores de pandillas “que se dedicaban a recoger dinero de extorsiones, movilizar y vender drogas en Chalatenango”, según la cuenta oficial de la corporación, en Twitter.“La guerra contra pandillas no se detiene, con las capturas de las últimas horas, el total de terroristas que hemos sacado de las calles de 36,049”.
Ministerio de Seguridad
En el mensaje de esa plataforma indican que los 10 serán procesados por organizaciones terroristas y no por extorsión, como les señalan y advierten que podrían pasar más de 25 años en la cárcel.
De igual forma, la PNC confirmó la captura de dos hombres, en los municipios de San Francisco Menéndez y Guaymango, en el departamento de Ahuachapán, quienes supuestamente participaron en los homicidios del 26 de marzo, fecha donde hubo más de 60 muertes violentas en el país en un solo día.
“Estos terroristas asesinaron a una persona y atentaro contra la vida de otras dos, ahora serán procesados por el delito de homicidio y pagarán con décadas de prisión”, afirma la corporación.
Los detenidos son Juan Antonio Álvarez, alias “John”, y José Omar Aguilar, alias “Mojarra”, “ambos cuentan con órdenes de captura giradas por la Fiscalía, luego de una investigación que confirma su participación en los hechos”, dice la policía.
Más temprano también registraron las detenciones de 19 supuestos pandilleros del barrio 18, en Soyapango, Ilopango y San Martín, por los delitos de organizaciones terroristas y agrupaciones ilícitas; entre los detenidos están Carlos Eduardo González, alias “Baby”, quien es catalogado como palabrero y Ronald Ernesto Martínez Mendoza, alias “Demente”, supuesto gatillero.
Procesados
Según datos de la Fiscalía General de la República, a la fecha, unos 28,868 de los detenidos ya enfrentaron audiencia de imposición de medidas en los juzgados antimafia del país, es decir, que el 80 % de los arrestos del régimen de excepción ya fue procesado.La semana pasada, la Asamblea Legislativa prorrogó por segunda vez el régimen de excepción que ya acumulaba 60 días de vigencia. La suspensión de las garantías constitucionales inició el 27 de marzo en la madrugada, luego que el 25 y 26 de marzo se registrara un alza de homicidios, la más alta de la historia, que dejó más de 80 muertes violentas.
El régimen de excepción suspende los derechos a la defensa, a la detención administrativa por 72 horas, la no violación a la correspondencia e intervención a las comunicaciones, y el derecho a la asociación.