Al menos unas 2,878 denuncias de vulneraciones a derechos humanos, cometidas en siete meses del régimen de excepción, registró Cristosal desde el 27 de marzo al 18 de octubre del 2022, en su cuarto informe.

La organización señaló que las denuncias corresponden a unas 2,987 personas donde se materializaron esas denuncias.

El informé señaló que las víctimas de violaciones a derechos humanos son en un 59.1% a personas de 18 a 30 años de edad, un 24.2% a tienen de 31 a 41 años, un 11.7 % de 42 años a más, y un 1.1 % a personas de 12 a 17 años de edad, es decir, el 89.5 % corresponden a hombres y el 13% a mujeres.

Además, 44 personas son de la comunidad LGBTIQ+.

“Los patrones que Cristosal ha identificado, comienzan con determinar que continúan las detenciones arbitrarias... los detenidos son en la vivienda, cuando se trasladan a un lugar a otro o estando en su trabajo”,afirmó Zaira Navas, jefa jurídica de Estado Derecho y Seguridad de Cristosal.

Añadió que otra “grave violación” identificada es que las personas son engañadas. “Se les dicen que van a ingresar a sus viviendas para un cheque básico y en este registro que hacen de la documentación no aparecen en ficha, pero a la siguiente semana regresan y se las lleva detenidos”, agregó Navas.

La organización registra que dentro de las vulneraciones un 97.7 % son detenciones arbitrarias, un 25 % son allanamientos ilegales a las viviendas y un 10.9 % corresponden a malos tratos.

Las vulneraciones han sido cometidas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y por elementos de la Fuerza Armada (FAES).

Según el informe de Cristosal, dentro de las características de las personas detenidas arbitrariamente están, personas con enfermedades crónicas, con discapacidad, con antecedentes penales o policiales, así como de personas que han sido denunciadas por llamadas anónimas.

“Los patrones que Cristosal ha identificado, comienzan con determinar que continúan las detenciones arbitrarias”. Zaira Navas, Cristosal

Muertes.

Así mismo, la organización contabiliza unas 80 muertes de personas que han sido detenidas en el régimen de excepción, y que su causa de muerte fue por maltratos de sus captores, según explicó Navas.

“Cristosal ha registrado al menos 80 muertes bajo custodia del Estado, de estas un buen número de personas fueron golpeadas al momento de la detención, sufrieron lesiones graves y no se les dio atención médica, otras personas fueron víctimas de abuso, tortura en los centros penales, castigos graves como golpes que dan los custodios al imputado”, afirmó Zaira Navas.

Agregó que otra causal de las muertes de personas detenidas son la falta de atención médica y falta de medicamentos en los centros penales, al mismo tiempo rechazó las declaraciones del director de Centros Penales, Osiris Luna, que afirmó recientemente que los reos no quieren recibir la atención médica.

Desaparecidos.

Por su parte, la directora de monitores e investigación en derechos humanos, Rina Monti, también informó que hay 105 casos de desapariciones, donde los familiares no conocían el lugar en el que se encontraban detenidas las víctimas, al momento de la denuncia.

Así mismo, señaló que han atenido a unas 293 personas víctimas del desplazamiento forzado, donde un 11.9 % fueron cometidos por policias y un 69.8 % por pandillas.

Crímenes de lesa humanidad


Un escenario.
David Morales, director en litigio y justicia transicional de Cristosal, dijo que las vulneraciones a derechos humanos se configuran en un escenario de crímenes de lesa humanidad, al ser dirigidas hacia una población definida.“Se trata de graves violaciones a derechos humanos producto de una política de Estado decidida y ejecutada al máximo nivel y contra una población bastante definida que es población en zonas de pobreza afectada por violencia de pandillas, mayoritariamente joven...y estamos en un escenario de posibles crímenes de lesa humanidad por responsabilidad del Estado”, dijo Morales.