El expresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Eugenio Chicas Martinez fue remitido la tarde de este jueves al Centro Judicial Isidro Menendez, en San Salvador para ser acusado por enriquecimiento ilícito, un delito por el que fue hallado responsable civilmente en noviembre de 2024. Al llegar a tribunales se declaró perseguido político.

La remisión a los juzgados responde a que la Fiscalía General de la República (FGR) les lee el requerimiento de acusación con los cargos por los que enfrentarán el proceso penal.

El requerimiento de acusación será entregado en el Juzgado Primero de Paz, donde se llevará el proceso judicial.

“Somos presos políticos de (Nayib) Bukele. Esta es una persecución política, soy inocente, soy preso político de Bukele, libertad para los presos políticos”, gritó Chicas ante periodistas a su llegada al centro judicial custodiado por agentes policiales y de la Fiscalía.

Eugenio Chicas fue detenido el pasado 13 de febrero, después de dejar a su hijo en el centro educativo donde asiste, y la Fiscalía afirmó que lo acusará por enriquecimiento ilícito de más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

“Deberá responder penalmente, ante los tribunales, donde será presentado en los próximos días”, informó en su momento la Fiscalía en su cuenta de X.

La familia defiende que Chicas siempre se ha mantenido en el país y que en ningún momento ha buscado huir a pesar de haber sido señalado de enriquecimiento ilícito y haber sido interpelado en dos ocasiones en la Asamblea Legislativa.

Ante la detención, la comunidad Santa Marta señaló que Chicas es un testigo clave del juicio contra los líderes comunitarios que han denunciado la reactivación de la minería y que ahora, la Fiscalía procesa por un caso de asesinato del conflicto armado.

Proceso Civil

La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador encontró responsable, en noviembre de 2024, a Chicas y su familia por el delito de enriquecimiento ilícito y lo sentenció a reintegrar más de $202 mil.

Según el fallo de la Cámara, Chicas debe devolver la suma de $173,705.57; su esposa Blanca Ayala Martínez, la suma de $11,282; su hijo Carlos Chicas González, $1,080.44; y su excónyuge Ana Lucía Ramírez Ayala, $16,489.50. En la sentencia se inhabilitó a Chicas para ejercer un cargo público durante los próximos diez años.

Sin embargo, dicha resolución fue apelada ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que aún no hay respuesta definitiva del caso.