El Tribunal de Sentencia de San Vicente tenía previsto del 9 al 11 de abril de 2025, la repetición del juicio en contra de ocho personas, acusadas de asesinar a una mujer durante el conflicto armado de El Salvador, el cual se realizaría en el Centro Judicial de Segunda Instancia de San Salvador, sin embargo, fue suspendido la tarde del martes.
“Consideramos que la suspensión de la nueva vista pública es la continuación de una estrategia dilatoria en este caso. Esta malévola estrategia se expresa claramente en la anulación del juicio donde los activistas ambientales fueron sobreseídos definitivamente, la suspensión de la audiencia el pasado 3 de febrero y ahora con esta es un alargue premeditado de este cuestionado proceso penal”, dijo el representante de Ades, Alfredo Leiva.
Según informó la defensa del caso a Diario El Mundo, la suspensión se estableció debido a la carga laboral de uno de los jueces del referido tribunal que conocerá el caso. No obstante, la asociación de Ades consideró como sospechosa la decisión de reprogramarlo.
“Tal justificación nos parece sospechosa y poco creíble, pues la audiencia había sido reconformada por el mencionado tribunal al final de la semana pasada cuando informó sobre la orden de recaptura de los procesados y cuando citó a las partes involucradas en el proceso, lo cual significa que todo estaba listo para su realización”, manifestó Leiva.
Además, concluyeron que la suspensión del juicio es una “falta de respeto” para las representaciones diplomáticas de los países que informaron que darán seguimiento al proceso y que habían confirmado participar como observadores en el juicio.
La nueva fecha para la apertura de la vista pública será del 26 al 28 de mayo del presente año; con esta sería la segunda ocasión que se reprograma el caso, el cual había sido señalado en un inicio del 3 al 6 de febrero, pero debido a la inasistencia de los acusados fue señalada para esta semana.
Los imputados son Fidel Dolores Recinos Alas, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez, Alejandro Laínez García y Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda y Arturo Serrano Ascencio.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusa de asesinar el 22 de agosto de 1989 a una mujer identificada como María Inés Alvarenga, cuando ellos eran parte de una de la Resistencia Nacional.
Las organizaciones reiteraron que se trata de un caso “montado” para “perseguir judicialmente al activismo ambiental y responde al interés gubernamental de reactivar la minería metálica, lo cual se confirma claramente con la aprobación de la Ley General de Minería Metálica”.
Y que con ello, se busca sentar un “nefasto” precedente jurídico para quienes participaron en las luchas revolucionarias del país y que la repetición del juicio, en la práctica se trata de un doble juzgamiento.
Por ultimo, Ades Santa Marta reiteró su demanda dirigida al juez de sentencia de San Vicente, Hugo Banzer Flores Alas de que se aparte del proceso judicial debido a su presunto pasado militar, quien presuntamente habría sido miembro de la Guardia Nacional durante el conflicto armado salvadoreño, según una información publicada por el comunicador, César Fuentes.