A Inocente Montano, la Fiscalía le atribuye el asesinato del sacerdote jesuita salvadoreño, José Joaquín López y López, Julia Elba Ramos, y Celina Mariceth Ramos, el 16 de noviembre del 1989, dónde en total fueron masacrados seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras.
“Reiterando por tercera vez, la prevención del Ministerio Público en cuanto a que deben de realizar las gestiones pertinentes a efecto de que el imputado Inocente Orlando Montano asista a la celebración de audiencia preliminar ya sea de forma presencial o virtual”, dice la resolución del 13 de junio a la que Diario El Mundo tuvo acceso.
La Fiscalía tendrá diez días antes de la celebración de la audiencia preliminar para que rinda un informe sobre la posibilidad de la presencia de Montano en la sala de audiencias. La audiencia preliminar está programada para el 26, 27 y 28 de julio de este año.
Al excoronel Montano, la Fiscalía General de la República también le atribuye los delitos de actos de terrorismo y proposición y conspiración para actos de terrorismo. Junto a Montano son acusados otros 10 militares más, además del expresidente Alfredo Cristiani y el exdiputado Rodolfo Parker.
Condenado.
En una lectura de sentencia, el 11 de septiembre de 2020, el excoronel Montano fue condenado a 133 años de cárcel, por la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional Española, quien lo declaró autor de los asesinatos de los sacerdotes jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, el rector de la UCA; Ignacio Martín Baró, vicerrector académico de la UCA; Segundo Montes Mozo, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno Pardo, director de la biblioteca de la UCA y Amando López Quintana, profesor de filosofía de esa universidad.Por cada homicidio recibió una pena de 26 años y ocho meses, por la que permanece en prisión en España.
El juicio de ese país se desarrolló en junio y julio de 2020, donde los testigos incriminaron al ex viceministro de seguridad, Inocente Montano, como uno de los militares que planificó y ordenó la masacre en una reunión del Alto Mando de la Fuerza Armada, el 15 de noviembre de 1989.
Según el exteniente, Yushy Mendoza, el Alto Mando ordenó asesinar a Ellacuría sin de dejar testigos, y esa madrugada, el batallón Atlácatl ingresó a las instalaciones de la UCA y asesinó a todos los sacerdotes, incluidos el salvadoreño Joaquín López y López, uno de los fundadores de la universidad, además de las colaboradoras Elba Ramos y Celina Ramos.
La Audiencia Nacional señaló, ese día, que Montano era responsable de ocho asesinatos, pero ellos solo podían condenarlo por los asesinatos de cinco españoles, debido a que así se tramitó la extradición. Añadieron que hubo alevosía en el plan del asesinato y se trató de terrorismo de Estado.
Durante el juicio Montano tuvo la oportunidad de dirigirse a los jueces, el 15 de julio de 2020, donde dijo que le había “repugnado” las mentiras dichas, además, defendió a La Tandona, un término que hace referencia a la promoción de la escuela militar de 1966, a la que él pertenecía, al igual que el resto de puestos del Alto Mando de 1989.
En España, La Tandona fue señalada de ser una organización terrorista. Montano también dijo durante el juicio que él era amigo de Ellacuría.
La masacre jesuita en el tiempo
El 16 de noviembre de 1989, el batallón Atlacatl entró a las instalaciones de la UCA y masacró a seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, en plena ofensiva final, durante el conflicto armado.1.- Primer proceso
En 1991 se procesaron a 10 militares por el caso, donde fue condenado el coronel Guillermo Benavides a 30 años de cárcel junto al teniente Yushy Mendoza.
2.- Amnistía
El 20 de marzo de 1993, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Amnistía General que perdonaba delitos cometidos en el conflicto.
3.- Inconstitucional
El 13 de julio de 2016, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional la ley de Amnistía.
4.- Condena
El 11 de septiembre de 2020, España condenó a 133 años de cárcel al excoronel Inocente Montano, por los asesinatos de cinco sacerdotes jesuitas.
5.- Reapertura
El 6 de enero de 2022, la Sala de lo Constitucional reabrió el caso jesuitas, luego que la Sala de lo Penal cerrara el caso en octubre de 2020.