En esta nueva etapa de exhumaciones, las autoridades excavan en un pozo de esa zona, donde testigos de la masacre señalaron que depositaron los restos de las víctimas, meses después de ocurrido el crimen.
“Por testigos de la zona, que se recogieron muchos huesos, muchos meses después, ya que era imposible entrar al lugar y se llevaron en costales a este pozo y ahí se depositaron. Hay muchos testigos que conocen esa situación y anda uno de ellos este día, va a señalar el lugar y se va a buscar restos de las víctimas de la masacre”, aseguró el abogado Alejandro Díaz, de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
En la exhumación trabaja la unidad forense del Instituto de Medicina Legal, la Fiscalía General de la República, la Policía Nacional Civil, el Juzgado que lleva el caso, los acusadores particulares y los familiares de las víctimas. Los trabajos iniciaron el pasado 24 de abril.
En 2021, en otro pozo de Concepción Quezaltepeque, en Chalatenango, encontraron a las primeras víctimas de la masacre de El Sumpul que fueron identificadas y entregadas el año pasado a sus familiares.
El informe de la Comisión de la Verdad estableció que el 13 y 14 de mayo de 1980, aproximadamente 300 personas del caserío Las Aradas, cantón Llano Largo, de Concepción Quezaltepeque, Chalatenango, fueron brutalmente asesinadas por efectivos del destacamento militar número 1, de la Fuerza Armada de El Salvador, miembros de la Guardia Nacional y de la paramilitar Organización Nacional Democrática (ORDEN).
La Comisión también indica que la masacre fue posible porque las Fuerzas Armadas hondureñas impidieron el paso de los pobladores de Las Aradas que buscaban huir.
Sin embargo, se estima que al menos 600 personas perecieron a las orillas del río Sumpul, mientras buscaban huir del operativo de las fuerzas salvadoreñas.
El año pasado, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango tomó el testimonio de cuatro personas, familiares de víctimas, por primera vez.
Un proceso largo
Según el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Alejandro Díaz, el proceso judicial ha sido difícil porque data de 1992, en ese entonces, se hicieron algunas exhumaciones “sin planificación y sin voluntad del gobierno”, según él. Y posteriormente, no se hizo más en el caso.“Lo que hizo el juzgado fue archivar, hubo una última diligencia que fue una comisión rogatoria a Honduras, supuestamente de la Corte suprema de El Salvador a Honduras para poder buscar lugares en ese país, lugares de enterramientos, pero esas diligencias, lo hemos estado hablando con las personas del tribunal y se extraviaron”.
Alejandro Díaz,
Abogado de Tutela Legal.
A 43 años de este suceso, los familiares de las víctimas exigen que se procese al Alto Mando de la Fuerza Armada de la época y a los responsables intelectuales de uno de los asesinatos colectivos más grandes que tuvo El Salvador en la época de conflicto armado.