El ciudadano, José Mariano Portillo Sánchez, alegó que el servicio sanitario le ha negado el tratamiento necesario para el padecimiento de insuficiencia renal crónica que padece y también ha omitido realizar los estudios clínicos para evaluar la compatibilidad con un trasplante de riñón.
Agregó que el ISSS le manifestó que “no atendería a pacientes renales ni trasplantes hasta que pasara la epidemia de covid-19”.
La Sala admitió la demanda al considerar que se han lesionado los derechos a la vida y la salud del ciudadano.
Como medida cautelar, el constitucional ordenó al ISSS darle el tratamiento necesario de inmediato y evaluar incluso la posibilidad de realizar un trasplante de riñón.
Asimismo, ordenó a las autoridades demandadas documentar la aplicación del tratamiento y ha pedido que expliquen si las aseveraciones del ciudadano sobre las disposiciones hacia pacientes renales por la epidemia de covid-19 en territorio nacional son ciertas.
“El hecho de haberse decretado emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19 no puede convertirse en un límite para que el interesado tenga acceso a los servicios de salud que son necesarios para tratar su padecimiento, puesto que por su enfermedad es un paciente de alto riesgo”, dice parte del escrito emitido por la Sala.