De acuerdo con los abogados, la jueza del Tribunal Primero de Sentencia se excusó de llevar el juicio, programado para este 8 de febrero, debido a la amistad que sostiene con la exfiscal Carolina Janette Manzaneres Nochez, quien es procesada por el delito de omisión de investigación y privación de libertad por funcionario o empleado publico, agente de autoridad o autoridad pública.
“La suscrita juzgadora, Margareth Castro Avilés, considera que concurre el impedimento para continuar conociendo de la sustentación y ulterior entablamiento de la audiencia de juicio....debido a la amistad íntima que las suscrita juzgadora tiene desde hace varios años atrás con la imputada Carolina Janette Manzanares Nochez y también con miembros de su familia”, afirma la excusa que la jueza enviada a la Cámara Primera de lo Penal.
La excusa es argumentada porque al tener una amistad con la procesada, habría sospecha de la garantía de imparcialidad en el proceso penal contra la exfiscal Carolina Manzanares. También están siendo procesados los exfiscales por los mismos delitos que Manzanares: Yeseniaa Carolina Aguilar Ayala, Marta Cecilia Colindres de Flores, Mauricio Alberto Aguilar Rivas, y los exempleados administrativos Edwin Giovanni Hernández Gutiérrez y Damián Cabrera Bernal, estos por el delito de peculado y falsedad agravada.
Por otro lado, la Fiscalía General de la República también interpuso una recusación contra el magistrado de esa Cámara, Ramón Iván García, ya que desde enero de 2013 a diciembre del 2014 trabajó como asesor del entonces fiscal general, Luis Martínez, condenado por el delito de cohecho, y de donde surgió el caso “Corruptela”.
Tras la recusación, el expediente pasará a la Sala de lo Penal para que está la resuelva si mantiene o cambia a los jueces que conocerán el proceso. Una vez resuelva, se programará la nueva fecha del juicio.
Los empleados administrativos acusados de peculado habrían ayudado, según la acusación del ministerio público, al exfiscal general, Luis Martínez a que sustrajera unos $400,000 de la institución, mientras que los exfiscales a realizar una serie de irregularidades en contra de personas que posteriormente fueron judicializadas.
Durante el proceso penal, la Fiscalía argumentó que hubo omisión al investigar hechos delictivos y archivaron diligencias sobre delitos cometidos, así como fabricar casos con documentos falsos, y les reprochó haber girado órdenes de captura ilegales promovidas supuestamente por el empresario Enrique Raís.