Dos organizaciones de salvadoreños en el exterior, con sede en California, Estados Unidos, externaron su preocupación ante la negativa del gobierno de Nayib Bukele de reconocer la importancia de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña en 1992.

La Fundación Mauricio Aquino y la Campaña Los Huesos de Nuestros Padres expresaron a través de un comunicado conjunto que los Acuerdos impulsaron la democratización del país, abriendo espacio a nuevas expresiones políticas en las que se aseguró la participación de estas en elecciones libres, se garantizaron además el respeto de derechos humanos y la separación de los poderes del Estado.

Un gobierno responsable debe promover, no obstaculizar, el avance del proceso democrático que se inició con los Acuerdos de Paz, reparar las cuentas pendientes incluyendo la reintegración adecuada de combatientes a la vida civil, apoyar sin obstrucciones los procesos de justicia para las víctimas de masacres, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales, tortura y la desaparición forzada, combatir seriamente la violencia y delincuencia generada por la postguerra”, dice parte del escrito.


Las organizaciones agregaron que “no habrá sanación de las heridas” si no se abren los archivos militares para dar con los miles de desaparecidos y que la unificación de la sociedad no será posible “sin que se reestablezca la separación de poderes y se respeten las instituciones democráticas”.

Así, pidieron al presidente Bukele cambiar su narrativa de irrespeto a los Acuerdos de Paz y cesar lo que consideran un “hostigamiento y ataques sistemáticos” contra determinados sectores de la sociedad civil y, de forma general, que “reconsidere su política”.

Además, reprocharon el actuar de las autoridades restringiendo la llegada de manifestantes, “la memoria histórica de represión y violación de derechos humanos que vivimos los salvadoreños en los años antes y durante la guerra es prohibido olvidarla y estos actos nos remontan a esa época oscura de nuestro gobierno”.

Miembros de ambas organizaciones reiteraron a Bukele la petición de abrir los archivos militares y que la documentación “sea puesta a disposición de jueces independientes, no impuestos por el gobierno”.