El vicerrector académico de la Universidad, Raúl Azcúnaga, informó que la resolución impuesta fue la “sanción máxima posible” que establece el reglamento de la UES.
“La resolución ha sido a favor de un dictamen de la fiscalía en el cual se sanciona a un funcionario de la universidad, y esa sanción implica la imposición de la sanción máxima posible que nuestro reglamento establece y es la suspensión sin goce de salario de un mes y además la inhabilitación para que pueda desempeñar cargos de dirección durante dos años”, explicó el vicerrector Azcúnaga.
Ayer, el CSU se reunió por octava ocasión para estudiar el tema “una resolución en el caso que se venía dilatando”, según el vicerrector.
La resolución...es la suspensión sin goce de salario por un mes y la inhabilitación para desempeñar el cargo de dirección por dos años ”. Raúl Azcúnaga, vicerrector académico UES
Para esta votación, los consejeros decidieron escuchar los alegatos de la fiscalía universitaria y la defensa. Al final, hubo 24 votos a favor del requerimiento fiscal condenatorio, seis abstenciones y dos votos nulos.
El abogado de las víctimas, Rafael Trejo, dijo sentirse satisfecho al lograr la máxima resolución en el caso, tras siete sesiones dónde no se logró tomar una decisión.
“Se le ha aplicado la máxima sanción que establece el reglamento disciplinario de la Universidad de El Salvador, espero que con esta resolución se dé por cerrado este caso. Se ha hecho justicia y las trabajadoras deben de sentirse satisfechas porque se ha logrado que administrativamente funciones la legislación universitaria a su favor”, indicó Trejo.
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Una de las víctimas dijo que la resolución sentó un precedente en la UES, pero que el proceso fue agotador: “Hemos hecho valer nuestro derecho aún contra todo pronóstico, aún contra toda las adversidades contra una persona que se decía intocable”.
Esto sienta un precedente en la Universidad de El Salvador, porque hemos hecho valer nuestro derecho aún contra todo pronóstico ”. Víctima denunciante
El proceso.
En 2018, Hernández fue denunciado por dos empleadas de la Secretaría de Comunicaciones quienes señalaron haber sufrido maltratos, psicológicos y verbales.Así mismo, expusieron que junto a ellas, otras 10 personas más han sido maltratadas de la misma manera, pero que habían preferido pedir traslado de lugar. Otra de las víctimas también lo denunció ante la Fiscalía General de República (FGR) por el delito de violación. Al principio, el caso se conoció como acoso laboral, pero el reglamento universitario no lo tipifica.
“¡Dejen de encubrir agresores!”, gritaban las mujeres de la colectiva que reclamaron que la UES no ha homologado su normativa con la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia.
En repetidas ocasiones las estudiantes han declarado abstenerse de realizar denuncias, puesto que dentro de la universidad existe una práctica de solapamiento, de complicidad y como en muchos casos anteriores, en este, existen algunos miembros del consejo, que protegen al agresor”, señaló la colectiva. Diario El Mundo buscó la postura de Douglas Hernández y tras reiteradas llamadas telefónicas, él no respondió. Semanas atrás dijo que se trataba de un “conflicto laboral”.
Ayer, las feministas recordaron que en el caso del docente Miguel Serrano, a pesar de ser condenado por violentar medidas de protección a la mujer, la UES guardó silencio.