Los militares fueron identificados como el sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera, en calidad de autor directo de los hechos, y los militares René Alfredo Escobar Sánchez, Hilario Antonio Flores Cabezas, Vicente Elías Gómez González , Edgardo Antonio Pintín Martínez y Eder Ovidio Salazar Molina, en calidad de cómplices necesarios.
Todos los militares fueron acusados de los delito de violación en menor e incapaz agravada, privación de libertad y agresión sexual. En el caso de los cinco militares señalados como cómplices necesarios, la Fiscalía también les atribuye el delito de lesiones y amenazas con agravación especial.
Los hechos.
Según la acusación, el hecho ocurrió a las 6:30 de la tarde del pasado sábado 23 de septiembre en el cantón Mizata, cuando las víctimas regresaban de la playa y fueron interceptados por los seis militares.El sargento Alvarado Rivera interceptó a las víctimas, llevó a la menor a un lugar apartado donde la abusó sexualmente, mientras el resto de militares amenazaba y golpeaba a los acompañantes, aseguró la fiscal del caso.
“Mientras los demás agentes de la Fuerza Armada... se quedan amenazando y golpeando a las otras víctimas. Las amenazas que realizaban a las víctimas eran bajo la condición que se mantuvieran calladas por lo que estaban haciendo, si ellas llegaban a hablar iban a proceder a detenerlos”, relató la fiscal luego de la intimación de los seis militares.
El caso fue conocido por la denuncia que hicieron los líderes de la comunidad Mizata, quienes afirmaron que los soldados se fueron en un pick up de la alcaldía municipal, conducido por el jefe del CAM de la alcaldía de Teotepeque.
“Nuestro objetivo siempre será la protección de los más vulnerables y le caeremos con todo el peso de la Ley a los criminales, sin importar quiénes sean. Que este caso sirva para dejar claro que este es un nuevo país y estos que juraron defender a su patria, deberán pagar caro el daño ocasionado a una niña y su familia”, sostuvo el fiscal General, Rodolfo Delgado.
El sargento Héctor Ovidio Alvarado Rivera es el presunto abusador sexual de la niña. / Cortesía
Ayer, durante la presentación para la intimación de los delitos, la Policía Nacional Civil trasladó a los seis militares, esposados y encadenados de pies y manos, descalzos y con ropa blanca, una especie de uniforme instaurado para los reos salvadoreños.
A la salida del juzgado, los periodistas abordaron al sargento Alvarado, acusado de cometer el abuso sexual, pero mantuvo silencio mientras subía a la patrulla policial.
La Fiscalía en su requerimiento de acusación pidió que en audiencia inicial se decrete la detención provisional mientras el caso pasa a instrucción. La audiencia inicial fue programada para el próximo miércoles 4 de octubre, a las 11:00 de la mañana, en el Juzgado de Paz de Teotepeque. La Fiscalía también pidió la reserva total del proceso penal.
“Cero impunidad”.
Al paso de la acusación se pronunció el presidente de la República, Nayib Bukele, quien replicó el cambio en la seguridad del país “pero como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias, pero no en El Salvador; todos los que cometan delitos serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quiénes sean. Impunidad cero, esa es la meta”, sentenció Bukele.En la noche, el mandatario volvió a hablar sobre el tema y llamó a depurar los malos elementos de las instituciones.
“Que esto también sirva como recordatorio de la importancia de la constante depuración de los malos elementos, que existen en todas las organizaciones humanas”, añadió el mandatario, cinco días después del hecho.
Tras revelarse el hecho, de boca de la comunidad de Mizata, las instituciones de Gobierno no hicieron públicas las capturas de los militares, como habitualmente lo hacen con el resto de detenciones, donde no solo publican las identidades, sino también fotografías y condenas por delitos menos graves.
Fue hasta anoche que la Policía Nacional Civil en su cuenta de X (antes Twitter) publicó por primera vez sobre el caso, asegurando que fueron trasladados a las bartolinas de Conchalío, siempre en La Libertad.