La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió a favor de la Fiscalía General de la República separar al magistrado de la Cámara de la Segunda Sección del Centro de Cojutepeque, Martín Rogel Zepeda, para que no conozca el recurso de apelación de seis exguerrilleros del cantón Santa Marta, de Victoria, Cabañas, debido a una coincidencia con el apellido de la exdiputada del FMLN, Ileana Rogel Cruz.

"Declárase ha lugar la recusación promovida por los agentes auxiliares fiscales...contra el licenciado Martín Rogel Zepeda, magistrado de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, con sede en Cojutepeque, en aras de salvaguardar el principio de imparcialidad...Sepárese al referido funcionario judicial de examinar el recurso de apelación relacionado en el preámbulo de esta resolución", dice la resolución de la Sala de lo Penal.

La Sala reconoce que la coincidencia de un apellido no es una causa para la separación de un juez, sin embargo, resuelve a favor por la "sospecha" de la Fiscalía, bajo el argumento de la imparcialidad en el proceso.

La resolución hace referencia que en la excusa del magistrado Rogel, él se desligó y dijo desconocer de algún parentesco con la exdiputada del FMLN, pero pese a esa declaración jurada la Sala lo separó del caso.

"En un principio no representa una causa para separar del conocimiento al citado funcionario; sin embargo, debido a la sospecha de una de las partes y a la necesidad que 'el juez debe ser y parecer imparcial en el ejercicio de sus actividad jurisdiccional', esta Sala considera que es necesario brindar garantías claras de transparencia a todas las partes involucradas en un proceso determinado, de modo tal que no se ponga en peligro la confianza necesaria en quienes administran justicia, por ello que la razón expresada por los peticionarios es procedente, aún y cuando la situación descrita no encuadre taxativamente en ninguna de las trece causas de impedimento que regula el art. 66 del CPP (Código Procesal Penal)", argumentó la Sala de lo Penal.

La Sala ordenó que la apelación presentada por los abogados defensores de los seis exguerrilleros de Santa Marta, Dennis Muñoz y José Perla, en la que piden se revoque la detención provisional por medidas sustitutivas a la detención sea conocida por el magistrado suplente de la Cámara de la Segunda Sección del Centro, de Cojutepeque, José María Zepeda Grande.

El magistrado Rogel fue uno de los jueces trasladados por la Corte Suprema de Justicia, luego que la Asamblea Legislativa aprobara un decreto que permitía cesar a los jueces mayores de 60 años y le daba la facultad a la misma corte plena de hacer los traslados que quisiera o creyera convenientes.

La recusación.

A finales de febrero, la Fiscalía recusó al magistrado Martín Rogel Zepeda, bajo los argumentos de que el magistrado tiene un parentesco con la exdiputada del FMLN, Ileana Rogel Cruz, y que, ella tiene vínculos con los procesados en el caso. Según la petición de la Fiscalía es porque se estaría vulnerando el principio de imparcialidad en términos legales y dentro del proceso penal.

El magistrado Martín Rogel conocería de una apelación presentada por los defensores donde pedían revertir o mantener la decisión de un juzgado de mantener en detención o dejarlos en libertad bajo medidas a los seis exguerrilleros involucrados en el proceso.

La defensa ha explicado que solicitan la libertad bajo medidas, debido a que no existe un riesgo de fuga, que todos los imputados tienen arraigos comunitarios y labores sociales en su localidad, de igual forma, que el estado de salud de los detenidos es delicado.

Piden verlos.

Este martes, el abogado defensor, Dennis Muñoz, también presentó un escrito ante el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria de Santa Tecla, dónde pide que le gestionen una visita para poder verlos, ya que asegura lleva casi dos meses sin ver y hablar con sus clientes.

Además, solicitó revisiones médicas a los seis procesados, o que autoricen una vista médica particular.

Los seis procesados son Fidel de Dolores Recinos, Saúl Agustín Rivas Ortega, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Alejandro Laínez García, quienes se mantienen en detención provisional desde el día de su captura, el 11 de enero del 2023, y son procesados por el por los delitos de asociaciones ilícitas, privación de libertad y el asesinato de María Inés Alvarenga Leiva, un hecho ocurrido el 22 de agosto de 1989.

En este caso también son procesados José Eduardo Sancho Castaneda, conocido como Ferman Cienfuegos, y Arturo Serrano Ascencio, han sido declarados rebeldes y pesa sobre ellos una orden de captura.