De acuerdo con la abogada Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico, la denuncia se interpuso en contra del Presidente de la República; los diputados de la Asamblea Legislativa que prueban el régimen de excepción; el director de la Dirección de Centros Penales, Osiris Luna, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro; y los tres directores de centros penales donde supuestamente ha estado preso el sindicalista.
"Giovanni Aguirre no es pandillero, yo lo conozco desde que él era un adolescente, ha sido un luchador social, él es estudiante de la Universidad de El Salvador, sindicalista y defensor de derechos humanos...Por denunciar la corrupción de este Gobierno, la corrupción de la Alcaldía Municipal de San Salvador, entre otros, lo que ha sucedido, es que en respuesta el Estado lo ha desaparecido, hablamos de desaparición forzada por parte del Estado, por los miembros y cuerpos de seguridad de El Salvador", aseguró Ingrid Escobar durante la conferencia de prensa.
Escobar aseguró que el sindicalista cuenta con tres órdenes de libertad, entre ellas, un habeas corpus, pero que en cada ocasión que se ha ordenado su libertad es cambiado "supuestamente" de penal, sin embargo, no les consta que sí está vivo o solo lo mueven "en papel".
"Solo lo mueven en papel, se da la exhibición personal, y lo que hacen es moverlo de centro penal, primero estuvo en el Centro Penal de Izalco, el centro de tortura y muerte más grande del país... luego por un tiempo corto lo trasladan hacia Mariona y desde hace un año lo han trasladado al Centro de Confinamiento contra Terrorismo (CECOT), Giovanni no es pandillero y no tiene nada que estar haciendo en el CECOT", declaró Escobar.
Entre los denunciados también está el Comisionado de Derechos Humanos de Libertad y Expresión, Andrés Guzmán Caballero, en calidad de comisión por omisión al no hacer las verificaciones de los casos denunciados.
"Giovanni es el rostro de miles de personas que no encontramos, de madres que andan de penal en penal buscando a sus hijos", dijo la abogada Jayme Magaña.
Los abogados explicaron que las desapariciones forzadas responden a un plan sistemático para no dejar salir a las personas con corte de libertad, que está aprobado por las "más altas esferas políticas", aseguró Otto Flores.
"Hay un plan sistemático para no dejarlos salir, un plan sistemático que está siendo favorecido por las altas esferas políticas, empezando por Bukele y su gabinete, y para que no sean cumplidos los habeas corpus", dijo Flores.
El Socorro Jurídico Humanitario dijo que están agotando las instancias nacionales antes de elevar la denuncia al campo internacional.
La captura del sindicalista
De acuerdo con la denuncia, Giovanni Antonio Aguirre López fue capturado el 8 de mayo del 2022, acusado bajo el régimen de excepción de estar vinculado con pandillas. La captura se realizó ocho días después de la marcha del día del trabajo, donde participó de la marcha donde cientos de personas salieron a las calles a alzar su voz contra el bitcoin, el alto costo de la vida y la opacidad en la gestión pública.Según Ingrid Escobar, fue en represalias por no asistir a la marcha convocada por el oficialismo, donde él por ser empleado de la Alcaldía de San Salvador tenía que asistir y no a la convocada por las organizaciones sociales.