“A la fecha, tenemos un poco más del 63 % de las personas que están dentro de la base de depositantes de Cosavi, eso son 3,109 personas las que hemos habilitado la devolución. No todos los asociados a los que les hemos habilitado el retiro se han presentado a la agencia”, afirmó Evelyn Gracias, titular de la SSF, en una entrevista del canal estatal Canal 10.
La institución, que junto a la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen intervenida la cooperativa desde mayo, habilitó este martes la décima capa de los depositantes que pueden solicitar los ahorros, que acumulen hasta $20,000.
Sin embargo, los socios afectados reclaman que, si los depósitos a plazos no han vencido, no pueden retirar el dinero, aunque ya se encuentren dentro de las etapas habilitadas. Esto se debe a que los contratos establecen cláusulas de penalización por si un usuario solicita la cancelación antes del vencimiento del plazo.
Pago de "cuentas"
Gracias aseguró que, previo a habilitar una capa, la SSF revisa el dinero recuperado de la cartera crediticia con los gastos de operación de la única agencia habilitada de Cosavi, los gastos de servicios básicos y el pago del seguro.“Después de todo eso queda un excedente, con ese excedente de dinero es que revisa cuántos depositantes hay que tienen la necesidad de que se les vaya honrando y para cuánto nos alcanza, siempre y cuando no pongamos en riesgo la sostenibilidad de la cooperativa”, añadió Gracias.
La superintendencia defendió que la recuperación del dinero en créditos “no va a la misma velocidad que el vencimiento del depósito”, aunque aseguró que los “asociados siguen siendo muy responsables” y se mantienen al día con los pagos.
"Nos encantaría entregarles a todos los asociados que tienen depositados rápido, pero, dada la naturaleza del negocio, deben esperar porque nosotros debemos primero recoger, recuperar el dinero de los créditos, para contar con suficientes fondos", indicó la superintendencia.
La SSF recordó que Cosavi alcanzó la cartera de depósitos máxima para una cooperativa en 2021, al alcanzar los $90 millones. Por ley, debió iniciar un procedimiento para convertirse en un banco cooperativo, una etapa que dura máximo tres años.
Ese período se vencía a inicios de 2024, por lo que la SSF inició visitas a las oficinas de la cooperativa donde detectó las irregularidades y notificó a la Fiscalía. Inicialmente, la FGR señaló que había una investigación por un fraude de cerca de $35 millones.