El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla suspendió este lunes la audiencia preliminar en contra de los exfuncionarios en materia de transporte y un empresario, quien son acusados por actos de corrupción en el caso denominado Sitramss.
La audiencia prevista para este lunes era contra del exdirector de Tránsito, Edwin Ernesto Flores Sánchez, y el presidente de la Unión de Empresas Sipago-Sitramss, Miguel Ángel Díaz Castaneda, y en calidad de ausentes, el exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, y al exministro de Transporte, Nelson García.
De acuerdo a fuentes judiciales, la audiencia se suspendió debido a que una abogada particular no fue notificada de la audiencia preliminar, razón por que no se fue posible instalar la audiencia y fue reprogramada para el próximo 19 de abril, a las 9:00 de la mañana.
¿De qué los acusan?
En el caso del exdirector de Tránsito, Edwin Ernesto Flores Sánchez, es acusado del delito de actos arbitrarios, el exministro Gerson Martínez por incumplimiento de deberes y el exviceministro García por extorsión. El empresario Díaz Castaneda, por el delito de extorsión.La Fiscalía sostiene que Gerson Martínez y Edwin Flores entregaron el uso exclusivo del carril segregado a la empresa Sipago sin el aval de una concesión de la Asamblea Legislativa para el desarrollo del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
“Las investigaciones de la Fiscalía establecieron que, en el año 2015, Flores concedió de manera irregular el proyecto de transporte público, conocido como Sitramss, a la empresa privada de Castaneda. Debido a la naturaleza de la concesión, esta debía ser aprobada por la Asamblea Legislativa, paso indispensable que fue obviado deliberadamente por los involucrados”, dice la acusación fiscal.
Los únicos capturados en el caso son el exdirector de Tránsito y el empresario de Sipago, desde el 13 de diciembre del 2022, cuando la Policía Nacional Civil ejecutó la orden de detención.
La investigación fiscal inició tras un aviso presentado por el actual titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, el 11 de junio del año 2020.
Sitramss, una historia de inconstitucionalidades y transporte
El Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss) fue el proyecto de transporte público que estableció el gobierno del FMLN, bajo el mandato de Mauricio Funes y su ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez; un sistema de buses BRT que iniciaban su ruta en una terminal especial construida para sus buses en Soyapango hasta llegar a las cercanías de la Plaza Divino Salvador del Mundo.Para ello, el Gobierno construyó una serie de paradas en medio del bulevar del Ejército y de la Alameda Juan Pablo II y dos carriles segregados de uso exclusivo.
El 10 de junio de 2019, la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional el uso exclusivo del carril segregado del Sitramss por unanimidad. Los magistrados concluyeron que la resolución del director general de tránsito del Viceministerio de Transporte violentó el artículo 120 de la Constitución de la República y señalaron que el uso exclusivo del carril segregado debió pasar por una concesión hecha por la Asamblea Legislativa.
“El uso privativo del carril segregado y las estaciones implica una restricción del uso libre e indiscriminado de los bienes de uso público en el que se alojan dichas estructuras, de modo que era necesario el otorgamiento de una concesión legislativa específica...Al no existir una concesión legislativa que autorice la explotación de la calle, la resolución carece de toda base habilitan y necesaria que condiciona la validez”, dice el comunicado publicado por la Corte Suprema de Justicia ese día.
Los magistrados también dieron un año a la Asamblea Legislativa para que decidieran si concede la autorización de la calle donde están construidos los carriles segregados, previa licitación, y las estaciones de buses del Sitramss, de lo contrario “se ordenarán las obras necesarias para habilitar el tránsito entre el actual carril segregado y los carriles contiguos y eliminar las señalizaciones referidas a su exclusividad para el uso de Sitramss”, concluyó la Sala.
Sin embargo, la pandemia del covid-19 y la falta de acuerdos en la Asamblea Legislativa impidió que este plazo se cumpliera, por lo que la Sala dio 12 meses más para decidir sobre esta situación, que se cumplirán en 2023.
Sitramss fue un proyecto de transporte masivo, apadrinado por los gobiernos del FMLN, donde se construyeron terminales y carriles, bajo préstamos millonarios que ahora están en el olvido y sirven para que indigentes pasen la noche. El proyecto le costó al Estado $45 millones provenientes de un prestado otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, en enero de 2012. El préstamo se hizo a un plazo de 25 años.
El Sitramss, cuya construcción comenzó en 2013 y su funcionamiento comenzó hasta el 11 de enero de 2015 como plan piloto, y días después inició el cobro de $0.33.
El funcionamiento de los buses fue concedido, por el Viceministerio de Transporte a la Unión de Empresas Sipago Sitramss S.A., de C.V., donde participan SI EL SALVADOR S.A., de C.V., ICBS S.A., de C.V. y SIPAGO S.A., de C.V., cuyos accionistas representan el 75 % de los transportistas actuales del AMSS, quienes tienen concesiones otorgadas desde el 2006.
La demanda fue interpuesta el 12 de mayo del 2015 por los transportistas Génaro Ramírez y Juan Pablo Álvarez.
Las irregularidades
En 2020, y bajo la asistencia de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (Cicies), la Fiscalía inició las investigaciones contra el caso de corrupción denominado Sitramss.En marzo de ese mismo año, el entrante ministro de Obras Públicas Romeo Rodríguez avisó a la Fiscalía General de la República presuntas irregularidades halladas en la implementación del Sitramss.
“Hemos encontrado anomalías en la ejecución del Sitramss, entre éstas subcontratos y anticipos irregulares, inadecuado proceso de contratación, incumplimiento de los contratos, prórrogas no justificadas”, afirmó el ministro.
Rodríguez denunció que en el proceso se le adjudicó el proyecto a una empresa que no tenía los requisitos para ejecutar este tipo de trabajo. Al mismo tiempo, señaló que para elegir a la constructora no se hizo una licitación adecuada, sin dar detalles.
Según el ministro, el MOP debe $1.3 millones al Ministerio de Defensa por los servicios que prestan soldados de cuidar los carriles segregados y al Sitramss.
De acuerdo con el funcionario, el anterior ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, firmó un convenio para hacer esos pagos al Ministerio de Defensa.
“Se utilizaron fondos públicos para dar seguridad a una empresa privada, cosas que no se debieron hacer. Estos son posibles indicios”, fueron las denuncias que en su momento presentó Rodríguez.
