La UNIDEHC lamentó que las autoridades no den prioridad a la salud de los veteranos y los excombatientes, a pesar que muchos tienen graves problemas de salud.
"Nos comentan familiares que los veteranos y excombatientes han sido trasladados a un Penal en Santa Ana, autoridades no dieron información del lugar exacto", alertó la UNIDEHC.
Los abogados acreditados en el caso aseguraron que el traslado se habría hecho en la tarde del martes 25 de junio contra diez de los 11 acusados, a excepción del firmante de los Acuerdos de Paz, Atilio Montalvo, quien permanece hasta este jueves ingresado en un Hospital del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Los abogados aseguraron que el hospital daría el alta a Montalvo este jueves, pero temen que sea trasladado a un penal. Montalvo tiene padecimiento de insuficiencia renal, estadía cinco, por lo que el Tribunal pidió que se mantuviera en un centro médico.
“Esperamos tanto los abogados como la familia que se mantenga en el hospital debido a su deteriorada salud”, dijo el abogado de Montalvo.
Entre los trasladados están el líder de la Alianza El Salvador en Paz, José Santos Melara, así como Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos, Roberto Antonio Esquivel, y el comunicador social de Chalatenango, Luis Menjivar.
Todos fueron enviados a la fase de instrucción el pasado 14 de junio por el Tribunal Primero contra Crimen Organizado, que en dicha resolución solicitó al Instituto de Medicina Legal un informe del estado de salud. Los abogados aseguran que no se ha informado sobre el reporte.
La captura de los procesado se realizaron entre la noche del 30 de mayo y el 31 de mayo, algunos acusados de ser "financistas" de los planes de un grupo llamado 'Brigada de Insurrección Salvadoreña" y que "sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas", con "explosivos con temporizadores" el 1 de junio por la segunda toma posesión de Nayib Bukele.
Algunas organizaciones han señalado que las capturas son una manera de callar las denuncias de violaciones a derechos humanos, dado que los detenidos formaban parte del movimiento Alianza El Salvador en Paz, quienes han hecho fuertes críticas al gobierno de Bukele.