“El Grupo de Operaciones Penitenciarias (Gope) realiza el traslado del exdiputado (sic) Alberto Romero, desde las bartolinas de la División de Seguridad Fronteriza de la Policía Nacional Civil hacia la Penitenciaría Occidental. Romero permanecerá en ese centro penal, mientras continúa la etapa de instrucción, según la orden emitida por el juez del caso”, dice la publicación. El penal donde fue llevado el diputado Romero es también donde guarda arresto el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt.
El pasado sábado 16 de septiembre, el diputado enfrentó la audiencia inicial ante la Cámara Primera de lo Penal, quien ordenó que siguiera detenido. El 13 de septiembre fue acusado por la Fiscalía General de la República por los delitos mencionados, luego que el 1 de septiembre fuera detenido por la Policía Nacional Civil, minutos después que la Asamblea Legislativa en pleno le retirara el fuero constitucional.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, pidió desaforarlo el 23 de agosto y dijo a la Asamblea que Romero se habría enriquecido y lavado $1,162,388.05, partiendo de depósitos no justificados detectados en sus cuentas bancarias, además de movimientos financieros de su esposa y su hija.
De acuerdo a la Fiscalía, Romero movilizó, hasta el año 2022, un total de $401,835 con origen desconocido y abonó en cuentas bancarias un total de $901,993.81, cuando recibió en concepto de remuneraciones al menos $500,158.81. Los movimientos financieros habrían sido entre el 1 de mayo de 2009 y 31 de diciembre de 2022.
En la acusación presentada en la solicitud de desafuero estaba incluida la esposa de Romero, Ana Lourdes Olmedo de Romero y a su hija, Lourdes Gabriela Olmedo, sin embargo, la Fiscalía no informó ayer si ratificó esa imputación de “titulares pasivas de la acción de enriquecimiento ilícito” contra ellas.
Una condena civil.
La acusación penal contra Alberto Romero nació, luego que el 14 de agosto, en un juicio civil la Cámara de Segunda Instancia de la Sección del Centro, de Cojutepeque, lo encontró culpable por enriquecimiento ilícito de $445,766.05, y también lo inhabilitó por diez años a ejercer cargos públicos.En ese proceso, la esposa y su hija fueron exoneradas del proceso, tras desvirtuar la demanda por incremento patrimonial.
Romero mantiene su calidad de diputado de la Asamblea Legislativa, debido a que es un cargo de elección popular que vence el próximo 30 de abril, no obstante, si tiene la calidad de diputado desaforado, por ello, puede ser procesado penalmente. Romero es el cuarto diputado desaforado de la actual legislatura.