Este lunes, los acusados, exmilitares de alto rango negaron su participación y complicidad en los hechos ante el juez de referido Juzgado, argumentando que no estuvieron involucrados en la planificación y ejecución de la masacre.
“Jamás ante Dios y ante mi conciencia profesional hubiese permitido bajo ningún concepto que se cometieran actos dañinos con el respecto de la dignidad e integridad institucional. Deseo expresar mi confianza inquebrantable con Dios y en el respecto al sistema de justicia. Soy inocente”, declaró el imputado, general Rafael Humberto Larios, quien fungía como ministro de Defensa de esa época.
Larios sostuvo en su declaración que en ningún momento tuvo conocimiento de los crímenes que se iban a cometer y que durante la reunión del 15 de noviembre de 1989, “se expresó absolutamente nada que no fuera las discusiones y planteamientos de las operaciones estrictamente necesarias para contrarrestar las acciones ofensivas del FMLN”.
Otro de los acusados que habló en la audiencia fue Camilo Hernández también se refirió a la acusación de asesinato y manifestó que él se negó a la orden de matar al sacerdote Ignacio Ellacuria.
“Fui un oficial nada más, trabajador y disciplinado y por eso quisieron utilizarme, pero yo les dije que no. Yo con tristeza y con miedo me fui a esconderme a mi cuarto a esperar que me asignarán a otra cosa porque ya había dicho que no”, expresó Hernández.
Asimismo, indicó que ante la negación de participar en el crimen afectó la relación con su familia y fue degradado como militar, acción que le afectó en su pensión.
“Perdí a mi familia, porque ellos ya estaban mencionados porque en la Fuerza Armada era ‘Camilo fue, Camilo fue’ pero nunca me dieron la oportunidad de expresarme”, dijo Hernández.
Por ello, el imputado solicitó ante el juez que se le declaré inocente y reciba una indemnización y que se le limpie el historial militar.
A ellos se unió Óscar Linares, quien señaló que en la época de los asesinatos él era el comandante del batallón Atlacatl, sin embargo, explicó que esa unidad fue solicitada por orden del Conjunto Mayor para otros roles y sin saber que dicho batallón fue enviado a la UCA.
Los procesados por la masacre son el expresidente de la República, Alfredo Félix Cristiani Burkard; el abogado y exdiputado, Rodolfo Antonio Parker y los exmilitares Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, Rafael Humberto Larios López, Carlos Camilo Hernández Barahona, Nelson Iván López López, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Inocente Orlando Montano, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejía
La Fiscalía los acusa por el asesinato de los sacerdotes jesuitas, Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes Mozo, Juan Ramón Moreno Pardo y Amando López Quintana, de nacionalidad española y Joaquín López y López, de nacionalidad salvadoreña; y sus dos colaboradoras, Elba Ramos y su hija, Celina Ramos.
La Fiscalía General de la República (FGR) asegura que cuenta con suficientes evidencias que demuestran la culpabilidad de los procesados y solicita que el caso avance a la etapa de juicio.
Por su parte, los representantes de las víctimas han señalado sobre el desarrollo de la audiencia preliminar y que esperan que el juez dicte sobreseimiento definitivo para todos los acusados.