Ramírez Landaverde es procesado por los delitos de peculado y actos arbitrarios, por presunta corrupción en las tiendas penitenciarias.
“Cese la medida cautelar de la detención provisional y se decretan medidas alternativas a la misma en contra de los procesados Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde y Ramón Fernando Roque Mártir”, dice la resolución con fecha 11 de diciembre, a la que tuvo acceso Diario El Mundo.
La resolución se da luego que la defensa del exministro solicitará el cese de la medida, bajo el alegato que, de lo contrario, estaría detenido ilegalmente. El cese de la detención también incluye al Ramón Roque Mártir, exinspector general de Centros Penales, los únicos dos procesados en el caso Asocambio que permanecían en la cárcel.
“El plazo de la detención provisional, por delitos graves, por los que están siendo acusados estos, venció el 6 de diciembre del 2023, tal como lo acota el abogado defensor Gustavo Huezo, por cuanto, no es posible mantener la detención provisional en su contra y deberá ordenarse el cese de la misma, decretándose medidas sustitutivas a la misma y ordenándose su libertad”, Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador.
Las medidas sustitutivas a la detención que deberán cumplir ambos procesados son:
- Presentarse a firmar al tribunal cada quince días;
- La prohibición de salir del país;
- La prohibición de cambiar de domicilio, y en caso de cambiarlo deberán informar al tribunal la dirección exacta del nuevo domicilio.
El tribunal advirtió a los procesados que de incumplir las medidas serán declarados rebeldes.
El mes de octubre pasado, el exministro de Seguridad junto a 18 más fueron enviados a la etapa de sentencia, actualmente a la espera del juicio, acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
El juicio está programado para desarrollarse el próximo 12 de enero, a las 8:30 de la mañana, donde un tribunal colegiado determinará si son culpables o inocentes de las imputaciones que les hace la Fiscalía General de la República.
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.