El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado ordenó hace dos días trasladar al excombatiente del FMLN, José Santos Melara Yanes, del centro penal La Occidental, donde está, al hospital nacional Rosales, debido a su delicada situación de salud.

Lo anterior ocurrió luego que el Instituto de Medicina Legal le hiciera un chequeo ordenado por el juez, tras la audiencia de imposición de medidas, que determinó sus padecimientos de diabetes mellitus, hipertensión arterial, hipertrigliceridemia, sinusitis crónica y úlceras en ambos pies.

“Advierto que el director del referido centro penal será el encargado de gestionar de manera urgente, el traslado de dicho imputado desde el centro preventivo y de cumplimiento de penas La Occidental, Santa Ana, hacia las instalaciones del hospital nacional Rosales de San Salvador”, dice el escrito del juzgado, del cual tiene copia Diario El Mundo.

Sin embargo, sus abogados explicaron que el tribunal no les notificó sobre este traslado y por eso, llegaron este viernes a la sede judicial a enterarse.

“El equipo de Unidech no está recibiendo todas las notificaciones de este proceso, algunos abogados recibieron notificaciones, nosotros estábamos desconociendo esta situación, nos presentamos la semana pasada para que las notificaciones estuvieran llegando a nuestro correo, situación que solo en el caso de Luis Menjívar, efectivamente se han recibido dos notificaciones, y en el caso de José Santos Melara no se ha recibido ninguna notificación, que a pesar de ser los abogados y estar pendiente de su situación de salud, hemos estado consultado la situación de él”, dijo la abogada Ivania Cruz a través de un video publicado en su cuenta de red social X.

Cruz señaló que el caso tiene reserva, pero los abogados deben recibir las notificaciones. Añadió que esperan que el penal de Santa Ana cumpla esta orden y José Santos Melara sea trasladado al hospital de manera inmediata.

Santos Melara y otras seis personas más son acusados de ser "financistas" de los planes de un grupo llamado "Brigada de Insurrección Salvadoreña" y que "sus objetivos eran detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas", con "explosivos con temporizadores" el pasado 1 de junio, durante la toma de posesión de Nayib Bukele.