"Solicítele al director del complejo penitenciario La Esperanza, inspector Juan José Ramírez Montano, informe la situación jurídica de los procesados Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde y Ramón Roque Mártir, expresando las razones por las que no han sido puestos en libertad", dice la resolución del Tribunal Quinto de Sentencia a la que tuvo acceso Diario El Mundo.
En la misma, pide explicación si los procesados están a la orden de otra sede judicial y "de ser así, especifique el nombre del juzgado o tribunal".
Tercera petición
Esta es la tercera vez que el Tribunal Quinto de Sentencia pide un informe al centro penal sobre la situación de los procesados, ya que en las ocasiones anteriores no hubo respuesta.Ejemplifican que al escrito del 9 de enero de este año enviado al penal, el director del penal conocido como “Mariona” respondió solicitando que, en el juicio, los procesados estén en modalidad virtual para "proteger la seguridad de estos", evadiendo el informe de la situación jurídica del exministro de Justicia y Seguridad.
El juicio para el exministro y 18 personas más está programado para el próximo 1 de julio, todos procesados por el caso Asocambio. Es la segunda vez que se reprograma el juicio, ya que el pasado 12 de enero se suspendió por falta de conexión con el centro penal.
La defensa sostiene que ambos imputados están "detenidos ilegalmente", cuando deberían gozar de libertad, luego que el tribunal les diera medidas por cumplir dos años en prisión sin tener sentencia.
El Comité de Presos y Presas Políticas de El Salvador (Cofappes) califica la detención como "secuestro" y que las autoridades han cometido delitos. A finales de diciembre interpusieron un aviso en contra del director de Centros Penales, Osiris Luna, y el director del penal La Esperanza, por los delitos de privación de libertad, desacato judicial y actos arbitrarios, al no ordenar la salida del penal de los exfuncionarios.
El exministro de Seguridad junto a 18 más son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad, cometidos en las tiendas penitenciarias bajo el nombre de la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
La acusación establece que crearon 21 cuentas bancarias, una cuenta por cada penal, y por medio de estas trasladaron los fondos destinados a alimentación de presos y se empezaron a administrar. La pericia financiera contable realizada en el caso indica que la Asociación Yo Cambio administró $510,000.