Este martes se convocó a audiencia para dar a conocer si la Fiscalía General de la República obtuvo la certificación de un documento que el exdirector de Finanzas pidió fuera incorporado como prueba.
“La titularizadora respondió que el documento que se pretendió obtener este día está en poder de la Superintendencia del Sistema Financiero, entonces el Tribunal lo que va a optar es pedir el oficio para que se remita el documento”, explicó el abogado Jacobo Nolasco, defensor de Santos Omar Muñoz.
El documento corresponde a una titulación de la catalizadora de seguros que certificó a la Alcaldía con “grado A” en su gestión, lo cual se logró gracias al manejo que tuvo la comuna, según la argumentación de la defensa.

Ante ello, se ordenó que los fiscales remitan la certificación al Tribunal durante el tiempo de pausa, antes de que se emita una resolución del caso.
Con esto, los jueces del referido Tribunal dieron por finalizado este martes la vista pública del caso, donde son procesados el exedil junto con el exdirector de Finanzas, Santos Omar Muñoz; el extesorero, Fernando Portillo y el exrepresentante legal de Desechos Sólidos, Francisco Chacón.
Los cuatro exfuncionarios municipales son acusados por los delitos de incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Los jueces manifestaron que dicha fecha, donde se prevé conocer el resultado del caso, podría modificarse, debido a la extensa documentación a revisar antes de emitir una sentencia o absolución.
La semana pasada se realizaron los alegatos finales de parte de la defensa, con su respectiva réplica de parte de la Fiscalía, y están a la espera del fallo del Tribunal.
En su intervención, la FGR solicitó una condena de 22 años de cárcel, 16 por el delito de incumplimiento de deberes y 6 por el delito de retenciones tributarias.
En su derecho a la última palabra, el exalcalde Muyshondt denunció que la Fiscalía ejerció presiones sobre los tres procesados en el caso para que presentarán testimonios falsos.
La situación del impago de prestaciones laborales fue denunciada por la Fiscalía General de la República por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de prestaciones tributarias por parte de la alcaldía de San Salvador y la Dirección de Desechos Sólidos.