El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel dará a conocer este lunes el fallo en contra de 23 imputados en el caso “Conexiones”.

En dicho caso se involucran agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), exjueces, exfiscales y abogados, que según investigaciones de la entidad fiscal, estos sujetos colaboraban con pandilleros del barrio 18, detalló una publicación hecha por la Fiscalía General de la República en la red social X.

“En este caso tuvo su origen el año 2014, en donde luego debe haberse realizado la correspondiente investigación por parte de Fiscalía, se determinó la participación de todos estos imputados en la comisión de los delitos antes mencionados, acá en la zona oriental de nuestro país, en donde pues se han visto involucrados tanto abogados como exfiscales y también exjueces en la comisión y participación de esos delitos”, relató un fiscal en un video difundido por la FGR en la red social X.

Dicho caso fue judicializado en 2014, donde se determinó que estas personas formaban parte de una estructura las cuales se les atribuyen delitos, los cuales son:
  • 16 homicidios agravados.
  • Dos casos de proposición y conspiración para cometer el delito de homicidio agravado.
  • Un caso de divulgación de la imagen o revelación de datos.
  • Un caso de extorsión agravada.
  • Ocho casos de tráfico ilícito.
  • 16 actos preparatorios, conspiración y asociaciones delictivas.
  • Organizaciones terroristas.
  • Agrupaciones ilícitas.
  • 13 casos de cohecho activo.
  • Un caso de simulación de influencia.
  • Un caso de fraude procesal.

En 2017, José Timoteo Mendoza, cabecilla del Barrio 18 a nivel nacional, fue sentenciado a 932 años de prisión. Además, el exjuez del Juzgado Especializado de Sentencia de San Miguel, Enrique Beltrán, también fue condenado a 14 años de cárcel, mientras que Jorge González, juez suplente de Sentencia del Juzgado Especializado de Instrucción, recibió una condena de 18 años de prisión, todos relacionados por dicho caso.

El caso

Este juicio que inició el 30 de mayo del año 2016, fue dividido en tres etapas: en la primera se conocieron los delitos cometidos por 127 integrantes de la pandilla 18, distribuidos en 13 canchas a nivel nacional del grupo de los sureños, dirigido por José Timoteo Mendoza, alias “El Chory”, cabecilla nacional de esa estructura procesada por 32 homicidios, nueve proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, cuatro casos de robo, seis hechos de extorsión, tres homicidios tentados, un feminicidio, tres divulgaciones de datos o imágenes de personas protegidas y un tráfico de objetos prohibidos en centros penales.

En la segunda fase fueron enjuiciados 61 imputados por delitos relacionados a 18 casos de droga y se trata de una organización de presuntos narcotraficantes dirigida por José Enrique Torres, que infiltró instituciones del Estado entre el sistema judicial, Fiscalía y Policía.

Y la tercera etapa conoció los delitos de corrupción, entre ellos cohecho activo, cohecho propio, simulación de influencias y fraude procesal contra 11 abogados, cuatro empleados judiciales y cinco personas particulares.

Las indagaciones determinaron la existencia de una banda, en su mayoría pandilleros, que había traspasado fronteras ya que no operaba solo en El Salvador, sino que tenía conexiones desde Colombia, hasta los Estados Unidos.

Las pesquisas iniciaron tras un reconocimiento en rueda de personas y fotografías en las que se individualizó a los pandilleros.

Cuando se hicieron esas diligencias judiciales, Marlyn Carballo Flores, empleada del Juzgado Especializado de Instrucción de San Miguel, presuntamente informó a integrantes de la pandilla Barrio 18 que serían capturados.