La suspensión fue aprobada el pasado 5 de diciembre por todos los magistrados que conforman la Corte Plena, según consta en el acta publicada ayer.
“La propuesta es la asignación de carga nueva a los juzgados especializados de instrucción y de sentencia a partir del 1 de diciembre del 2023 al 31 de mayo del 2024, periodo que puede ser modificado de acuerdo al incremento o disminución de la carga laboral”, dice el acta de la CSJ.
La petición de la Comisión de Jueces sostiene que la carga laboral de los juzgados agrupados en los Tribunales contra Crimen Organizado incrementó, así mismo, que hay “inconvenientes” como audiencias que han sido reprogramadas por diversas causas, como la falta de recursos humanos y dilación por actos de comunicación.
Los magistrados aseguraron que la carga laboral está en la fase de instrucción, y que a su vez, afectarán a sentencia, los cuales tienen sobrecarga por los procedimientos en contra de procesados de forma ausente, según las reformas al Código Procesal Penal.
Actualmente, los juzgados están “concentrando esfuerzos para que no prescriban esas causas”, manifestaron los magistrados sobre la prescripción en los casos donde se procesan personas declaradas rebeldes.
Únicamente, al Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana, quien ya tenía suspensión, se le prorrogó por tres meses.
Los magistrados aclararon que la suspensión no incluye la carga laboral antigua, así mismo, que en el momento que la Fiscalía General de la República remita “su programa de acumulación de régimen” será distribuida en el 100 % de los tribunales y de todos los jueces.
Los procesos sobre personas capturadas en el régimen de excepción han sido presentados en Tribunales contra Crimen Organizado (antes Juzgados Especializados), la etapa de instrucción o investigación vencían en diciembre del 2023, pero por ley fueron ampliados, dando la facultad a la Fiscalía de presentar los casos hasta agosto del 2025.
En noviembre del 2023, la Asamblea Legislativa reformó la Ley Orgánica Judicial para hacer una reestructuración en el sistema de justicia y conformar 11 Tribunales contra Crimen Organizado. Cada tribunal está compuesto por cuatro jueces, uno por cada fase procesal.