Sostienen que están en favor de las medidas gubernamentales que contrarresten los riegos del uso indebido de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) para la financiación del terrorismo o el lavado de dinero en el país de “forma eficaz, selectiva y proporcionada”, sin embargo, aseguran que las OSFL no han sido convocadas a esa evaluación incumpliendo así la recomendación 8 del GAFI, que establece garantizar a las OSFL que las medidas que se adopten sean específicas y proporcionadas al tipo de riesgo identificado, de forma que no afecte los logros de los objetivos de las organizaciones.
De ejemplo, mencionaron la reciente aprobación de la “Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva” que podrían elevar los riesgos de las organizaciones a partir de las facultades a Fiscalía en la ley.