Según el magistrado Martín Rogel, los cambios empujados en el órgano que imparte justicia en El Salvador “es una bomba de tiempo”, que podría tener complicaciones en el futuro.
“Yo digo que hemos retrocedido 50 años prácticamente y vamos a un modelo, ojalá se corrija a tiempo, donde se daban los problemas graves de los hacinamientos carcelarios, problemas de condenas sin mayores pruebas, devaluación del derecho a la defensa en juicio, digamos toda una serie de principios y garantías que se dan en un sistema democrático, han sido totalmente devaluadas; en este momento predomina un mecanismo de un sistema de policías y no un sistema de derecho”, dijo Rogel a Diario El Mundo.
Rogel era magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador y desde septiembre del año anterior fue trasladado a una Cámara Mixta en Cojutepeque.
En el mismo sentido opina el juez Antonio Durán, quien fue enviado a Zacatecoluca hace un año. “Nos hicieron retroceder al Código de Instrucción Criminal de principios del siglo pasado. No están pensando en los derechos de la gente, están pensando en consecuencias ¿y cuál es? asegurar la cárcel para todos los que tienen presos”, analiza el juez.
Durán, quien fue uno de los jueces que lideró inéditas protestas en septiembre del 2021, ve con preocupación que los jueces que sustituyeron a muchos cesados desconocen los procesos de audiencia y que, en voz baja, son denunciados por los litigantes. “ ¿Quién está sufriendo este descalabro? primero los ajusticiables y segundo, los litigantes. Los litigantes se quejan que la gente que está ejerciendo la judicatura no sabe dirigir audiencias, que están a la par del colaborador preguntando ¿y ahora qué sigue? no saben cómo resolver objeciones, no saben cómo resolver incidentes, no saben fundamentar un fallo oral, cuando van a tomar una decisión y eso es tan patético, es tan terrible”, manifiesta.
De igual forma, la magistrada Cesia Romero, quien fue trasladada al occidente del país, asegura que en un año, el sistema judicial ha retrocedido, porque los jueces no resuelven con base a la jurisprudencia, sino al miedo. “Por cómo procede la Corte, de mover jueces, incluso de amenazar con otro tipo de procedimientos, al final esto impacta negativamente, al final los procesados no reciben una resolución por decisión jurídica sino por miedo”, añadió la magistrada.
Ilegales.
Tando Durán como Romero sostuvieron que los jueces que fueron juramentados el año anterior son ilegales e inconstitucionales porque su nombramiento no surge de las ternas que manda el Consejo Nacional de la Judicatura, como dicta la Constitución de la República ni la Ley de la Carrera Judicial.El decreto.
El 26 de septiembre de 2021 entró en vigencia el decreto 144 que reformó la Ley de la Carrera Judicial y cesó a más de 100 jueces que tenían más de 60 años de edad o 30 en la judicatura, luego que la Asamblea Legislativa.Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial fueron ampliamente criticadas por la comunidad internacional, especialmente por el gobierno de los Estados Unidos, que declaró a través de la entonces encargada de Negocios, Jean Manes, que estas “van en detrimento de la separación de poderes” en El Salvador.
A partir de esa fecha, el decreto dio poder de sustitución inmediata de las vacantes a la Corte Suprema, modificada el pasado 1 de mayo del 2021, fecha cuando la Asamblea Legislativa sustituyó de golpe, a la Sala de lo Constitucional.
“Creo que a estas alturas no podemos estar pensando que se pueden nombrar jueces por amistad, ese es un tema que debe estar superado, porque la administración de justicia es una actividad sumamente compleja y son los derechos de la gente los que están de por medio”, dijo la magistrada Romero.
Nos hicieron retroceder al Código de Instrucción Criminal del siglo pasado. No están pensando en los derechos de la gente”. Antonio Durán, juez de la República
Sin defensa.
Los jueces Rogel y Durán añadieron que las últimas reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa hacen que penda de un hilo el derecho a la defensa en el país.Según el magistrado Rogel, procesando a una persona ausente se le priva de comunicación con el abogado “y quien puede dar todos los elementos probatorios es la persona procesada, entonces el abogado ejerce una función eminentemente formal”, y añade que el proceso se vuelve en una “condena anticipada”.
Durán asegura que se están quitando los mecanismos de control en los procesos de verificación de la justicia: “¿Por qué un acta policial no tiene valor probatorio? porque esa es prueba de referencia, quiere decir que lo hace constar el policía ahí, lo que le dijo la víctima o el testigo, pero para que sea prueba, el testigo o la víctima tiene que declarar ante el juez y debe someterse a un contrainterrogatorio para ver si se ha equivocado o de verdad está mal intencionada acusando a un inocente”.
Cronología de una crisis judicial
El 1 de mayo del 2021 marcó la pauta para cambios en el órgano judicial. Esa noche, los diputados de la Asamblea Legislativa destituyeron a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional e impusieron otros.Agosto 31 de 2021
La Asamblea aprobó una reforma a la Ley de la Carrera Judicial para sacar a los juces mayores de 60 años.
Septiembre 7 de 2021
Los jueces de la República salieron a las calles a protestar para que no se aplicaran las reformas del cese y traslados.
Septiembre 15 de 2021
En una multitudinaria protesta, los jueces se unieron con la sociedad civil para exigir la inaplicación de las reformas.
Septiembre 26 de 2021
La Corte Plena aplica el decreto 144 y juramenta a almenos 100 jueces para que sustituyan a aquellos que fueron cesados.
Septiembre 21 de 2022
Un año después los diputados aprobaron reformas para condenar a imputados ausentes y castigar a defensores que renuncien.