Dependiendo el grado en que la Fiscalía General de la República (FGR) logre individualizar a las personas que compraron licencias de forma ilegal, entonces el Viceministerio de Transporte (VMT) podría contemplar algunos mecanismos para que estos usuarios obtengan sus licencias de "forma adecuada".

El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, aseguró el lunes en una entrevista de Canal 10 que en la medida que la Fiscalía logre "individualizar todas las licencias" que se obtuvieron ilegalmente entonces se podría considerar que estos usuarios deberán pasar por los exámenes necesarios para tramitar el documento.

"Para saber hasta qué grado la Fiscalía va a poder individualizar todas las licencias que han sido obtenidas de esta manera y partir de eso se pueden plantear diferentes opciones... pasando por todos los exámenes debidos".
Nelson Reyes,
Viceministro de Transporte.


Reyes recordó a los salvadoreños que la licencia "no es simplemente un plástico" sino que es una documento que "garantiza que ha pasado por los exámenes" correspondientes y que los conductores "tienen el conocimiento práctico, que tiene el conocimiento teórico para poder conducir de forma adecuada".

En cuanto a las empresas examinadoras y tramitadoras que se están regularizando, el viceministro indicó que en una próxima fase que pretende "ordenar" cómo funcionan y atienden a los usuarios, pues explicó que han "visto demasiado desorden" y buscan que a los usuarios "se les atienda de una manera adecuada".

La primera fase del plan presentado en febrero por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) se realizaría en 30 días y pretendía la implementación de un sistema para la realización de los exámenes, el cual, sería controlado por videovigilancia donde las autoridades podrían verificar la identidad de la persona que realiza la prueba.

Hasta el 20 de febrero se contabilizaban al menos 100 escuelas de manejo brindaban servicios a usuarios sin estar autorizadas por el VMT. Se conoce que la FGR giró también al menos 28 órdenes de capturas contra personas supuestamente implicadas en una red de corrupción.