La Fiscalía pretende encontrar indicios de la comisión de algún delito por los cobros excesivos. Hay que esperar los resultados. Ya la Fiscalía, al evaluar los hallazgos sabrá como proceder ante los respectivos tribunales.
En lo personal me parece interesante, pero sobre todo muy justa y necesaria dicha investigación, pues en todos los hogares se ha sentido el alza en los recibos, más ahora que los productos de la canasta básica se han encarecido hasta niveles insospechados. Sin embargo, pienso que el Ministerio Público debe de actuar de hecho ante la denuncia ciudadana y no esperar una petición del presidente, la cual es valedera, pero no la única. Además, también debe abrir investigaciones por los cobros indebido que en algunos lugares hace la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), sin bridarles de manera eficiente dicho servicio.
Igual debe investigar los cobros injustos que hacen las compañías telefónicas por servicios que no prestan o que dan a medias o de manera deficiente. Asimismo, deben abrir procesos para las compañías de cobros que suelen acosar a los deudores a toda hora del día a tal punto que invaden la privacidad y generan hartazgo en las personas que por algún motivo han caído en mora con el sistema financiero o con alguna empresa privada. El sistema financiero y bancario también debe ser objeto de investigación cuando cobran por servicios no solicitados o cuando hay denuncias de abusos.
Es cierto que administrativamente hay instituciones encargadas o responsables de auditar o vigilar el fiel cumplimiento de los servicios, so penas de multas o sanciones, pero también hay empresas e instituciones que caen en acciones delictivas que deben ser perseguidas desde la óptica penal. Por ejemplo, todavía hay estaciones de servicio de gasolina que en los anuncios externos tienen un precio más bajo que el real o el que ofrecen en las bombas expeledoras.
La falsa publicidad también es una falta (una acción antiética), que dependiendo de las circunstancias pueden lindar con delitos. Negocios que le suben el precio deliberadamente a algunos productos para luego engañar a la ciudadanía con “ofertas” mentirosas. Otros negocios que inescrupulosamente se atreven a vender productos vencidos o en mal estado. Esto es atentar contra la salud pública y nuestras leyes penales lo castigan.
La Fiscalía también debe investigar a las empresas que se ponen de acuerdo para unificar precios. Las empresas que producen un mismo producto, mediante sus propios estudios de mercadeo, deciden cuando y donde aumentar los precios, dejando sin opción al ciudadano consumidor. Hay fechas y circunstancias específicas en que descaradamente ocurren dichos acuerdos de subida de los precios (diciembre, Semana Santa o cuando hay ligeros aumentos de salario mínimo). De repente las tiendas y súper mercados amanecen con el incremento rasero de productos homogéneos producidos por diferentes empresas y fabricas.
El Ministerio Público, también debe abrir una investigación contra acaparadores y especuladores, quienes en un alto porcentaje son los culpables del incremento de los productos de la canasta básica. A veces la carestía es motivada por la avaricia de quienes almacenan los productos y esperan el momento oportuno para ponerlos en circulación con aumentos sensibles para la población.
En síntesis es bueno y necesario que la FGR haya iniciado una investigación contra las distribuidoras de energía eléctrica en busca de indicios de supuesto delitos por los altos cobros, pero también se hace urgente que investiguen a todas las instituciones, empresas y personas contra las que haya denuncias con fundamento. La Dirección de Protección al Consumidor debe continuar haciendo lo suyo y sus resultados deben ser parte de los insumos de la indagación fiscal.
En el caso de las distribuidoras, los resultados de la investigación deben hacerse públicos. Si no hay delitos y todo es legal hay que decirlo, pero si hay hallazgos de la comisión de posibles delitos hay que llevar el caso a los tribunales correspondientes para el debido proceso.