A finales del mes de mayo el International Budget Partnership publicó la 9ª edición de la Encuesta de Presupuesto Abierto (EPA), que es una evaluación comparativa, independiente y periódica de los niveles de transparencia, vigilancia y participación pública en los presupuestos. La premisa de la encuesta es que la transparencia permite a la ciudadanía conocer y comprender las prioridades presupuestarias del Gobierno y los mecanismos de participación pública permiten contribuir a estas prioridades.
A nivel mundial, los resultados de la EPA muestran un promedio de 45 de 100 puntos posibles, que representa un modesto aumento de un punto en los puntajes mundiales de transparencia presupuestaria, en comparación con la edición 2021. Los resultados permiten identificar claramente dos tendencias entre los diferentes países y regiones: aquellos que muestran un progreso sostenido y los que experimentan caídas en su desempeño.
En conjunto, la región de América Latina presenta niveles insuficientes de transparencia presupuestaria, sin embargo, desde 2012 había logrado avanzar modestamente en sus puntuaciones, pero en 2023 el promedio regional fue de 51 puntos, lo que representa una caída de 1 punto respecto a la evaluación anterior. En la región los países con mejor desempeño son México, Brasil y República Dominicana, que a su vez se encuentran dentro de los 15 países con mayores niveles de transparencia presupuestaria. Destacan los avances logrados por República Dominicana, que en 2012 presentaba una puntuación de apenas 29, pero que de manera sostenida ha realizado esfuerzos para ampliar la deliberación pública en torno a la forma en cómo se utilizan los recursos públicos, lo que evidencia que una agenda de presupuesto abierto es realmente posible en cualquier lugar siempre y cuando haya voluntad política y liderazgo para impulsar reforma.
Ahora la pregunta que persiste es ¿y cómo le fue a El Salvador en esta evaluación? Lastimosamente nada bien, resultamos aplazados nuevamente, con una fuerte caída de 17 puntos que nos deja con una peor calificación, pasando de 41 puntos en 2021, a 24 en 2023. Es como si nos hubiéramos sacado un 2.4 en un examen en la escuela. Este retroceso obedece en gran medida a que el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo no fue publicado de manera oportunamente ni en la página institucional del Ministerio de Hacienda, ni en el portal de Transparencia Fiscal; además, tampoco la Corte de Cuentas de la República no puso a disposición de la ciudadanía un informe de auditoría del presupuesto que cumpla los estándares internacionales mínimos en la materia.
Los resultados de El Salvador en la EPA no son sorprendentes. En evaluaciones anteriores tampoco nos había ido bien, pero la tendencia había sido a aumentar la puntuación o por lo menos mantenerla por encima de los 40 puntos, incluso en algunos años se llegó a destacar la experiencia salvadoreña en generar espacios de apertura para que la sociedad civil participara en el debate presupuestario que se realizaba en el seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa. Retrocesos tan grandes en materia de transparencia presupuestaria solo se observan en países con conflictos armados, guerras o regímenes no democráticos como Ucrania, Afganistán o Myanmar.
Los resultados confirman los retrocesos que se han venido observando en materia de transparencia y acceso a la información pública en los últimos años y plantea dos claros desafíos. Por una parte, la transparencia permite legitimar lo público frente a la ciudadanía, quien a través de sus impuestos permite financiar el presupuesto público que se traduce en bienes y servicios públicos como salud, educación y seguridad, en ausencia de transparencia es muy fácil que lo público se perciba como un regalo o acto de bondad de parte de los gobernantes de turno. Por otra, la ausencia de transparencia habilita y facilita espacios para la corrupción, lo que impacta directamente en el bienestar de las familias salvadoreñas porque recursos que debieran ser para mejorar escuelas, dotar de medicamentos los hospitales o reparar calles se desvían a los bolsillos de funcionarios corruptos.
En este escenario nos toca desde la ciudadanía documentar y denunciar estos retrocesos, pero sobre todo exigir a las autoridades que abran espacios para que podamos conocer y opinar sobre la forma en que se utilizan nuestros recursos.
• Lourdes Molina Escalante es economista sénior del Icefi @lb_esc