El Art. 17 de la Ley especial para la atención y protección integral de las personas en condición de desplazamiento forzado interno establece en su inciso “c” la función de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV) de “...crear e implementar un sistema de registro, sistematización y seguimiento de casos de desplazamiento forzado y otros indicadores que permitan elaborar y actualizar caracterizaciones sobre las personas desplazadas por violencia a efecto de identificar las causas que generan desplazamiento forzado interno, las comunidades de origen y de destino y las consecuencias económicas, sociales, jurídicas y políticas que ello genere”.

No existe un registro oficial en la DAV en el que investigadores, periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan conocer el número y caracterización de personas desplazadas internamente en El Salvador. Fuentes como el Centro Internacional de Monitoreo sobre desplazamiento interno (IDMC) reportan un aumento de personas desplazadas por violencia en El Salvador de 114 mil en el 2020 a 117 mil en el 2021.

El aumento de personas desplazadas internas coincide con el aumento de personas migrantes detenidas en Estados Unidos de origen salvadoreño y coincide también con el aumento de salvadoreños solicitantes de refugio en otros países.

Datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos reportan que, de octubre 2021 a septiembre 2022, un total de 97 mil 030 migrantes salvadoreños han sido detenidos en la frontera sur estadounidense. En el 2021 fueron reportadas 98 mil 690 detenciones.

Muchas de estas personas buscan condiciones de vida digna y también muchos huyen de condiciones de violencia generalizada y violencia generada por actores estatales, por lo que solicitan refugio en otros países. La Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) registra que este 2022, hasta el mes de mayo, El Salvador ha sido el segundo grupo de los principales países de origen de personas que solicitan refugio en ese país, superado únicamente por Cuba y seguido por Guatemala. Entre abril y septiembre de 2022, en el marco de vigencia del Régimen de Excepción, el número de salvadoreños que han solicitado refugio en México se incrementó casi un 80% respecto a los seis meses anteriores.

Para un diputado del partido GANA hay muchas personas que están migrando que se ven presionados por la implementación del régimen de excepción, del combate a la delincuencia, y “ahí van muchos familiares de pandilleros que están buscando un asilo político en Estados Unidos”. Esta estigmatización contra personas migrantes puede refutarse a partir de los testimonios de quienes solicitan refugio para huir tanto de grupos de pandillas y de crimen organizado como de la violencia ejercida por el mismo Estado.

El pasado 5 de noviembre, 8 adolescentes entre 14 a 17 años del municipio de Jiquilisco fueron detenidos por infantes de marina después de su participación en una obra de teatro alusiva a memoria histórica. Los jóvenes portaron disfraces alegóricos a uniformes militares y recrearon hechos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y masacres cometidas por el ejército durante la guerra civil de la década de 1980. La consecuencia inmediata fue su detención. Fueron golpeados, obligados a hacer “sentadillas”, señalados como miembros de pandillas y liberados después de una intensa denuncia y condena pública. El padre de uno de estos jóvenes refiere con claridad lo que sucede en estas comunidades del Bajo Lempa: “Somos víctimas de las pandillas y ahora de los militares”. Para quienes han vivido este tipo de abusos probablemente solo quede una opción si sufren represalias por haber denunciado, la de huir.