Cada 25 de noviembre, el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres” nos recuerda una verdad urgente: vivir libres de violencia no es un privilegio, es un derecho humano básico. Sin embargo, millones de mujeres alrededor del mundo continúan enfrentando agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas y simbólicas que niegan su dignidad y su autonomía. Este día no solo convoca a la reflexión, sino también a la acción colectiva para transformar una realidad que persiste a pesar de los avances normativos y sociales.
El derecho a una vida libre de violencia está reconocido en instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará, entre otros. Estos marcos establecen que los Estados tienen la obligación de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. No se trata solamente de atender las consecuencias, sino de modificar las condiciones estructurales que permiten y perpetúan la violencia. Esto implica combatir la desigualdad de género, los estereotipos y las normas culturales que asignan a las mujeres roles subordinados.
A pesar de los compromisos asumidos, las cifras demuestran que la violencia sigue siendo una pandemia silenciosa. La violencia doméstica continúa siendo la forma más extendida y la causa más común de los feminicidios en El Salvador, aunque no es la única. También existen la violencia digital, la trata, el acoso en espacios públicos y laborales. Los feminicidios representan el extremo más brutal de un continuo de violencia. Cada caso no es un hecho aislado: forma parte de un sistema de desigualdad que normaliza la agresión, que perpetúa el odio o la discriminación hacia las mujeres y que, de forma perversa, responsabiliza a las víctimas.
Tomando como ejemplo estadísticas recientes sobre la modalidad de violencia más grave que sufren las niñas y mujeres en el mundo producidas por organizaciones especializadas o medios de prensa, en el transcurso de 2025, en El Salvador se han registrado 23 feminicidios, en Francia 88 y en México 388. A las mujeres nos siguen matando en todas partes del mundo. Según el informe “Feminicidios en 2023” de ONU Mujeres y UNODC, en 2023 se estimaron 85.000 mujeres y niñas asesinadas intencionalmente, de las cuales unas 51.100 (60 %) fueron víctimas de sus parejas íntimas o familiares. En promedio, esto equivale a 140 mujeres asesinadas cada día por alguien muy cercano (pareja o familiar). Muchas de estas muertes podrían haber sido evitadas, ya que la data disponible para ese informe también indica que muchas de estas mujeres ya habían denunciado ser víctimas de violencia o amenazas de parte de sus verdugos.
Garantizar una vida libre de violencia implica fortalecer sistemas de protección estatales que realmente funcionen: fondos suficientes, personal capacitado y comprometido, leyes efectivas, instituciones sólidas, acceso a la justicia sin revictimización, refugios seguros, educación con enfoque de igualdad y políticas públicas sostenidas. Sin embargo, también resulta indispensable un cambio cultural profundo. La violencia no se erradica solo con normas; se elimina transformando actitudes, reconociendo y evitando la reproducción de patrones dañinos y fomentando relaciones basadas en el respeto y la equidad.
La participación activa de la sociedad es esencial. Las comunidades, las escuelas, los medios de comunicación y las familias tienen un papel clave en la prevención. Romper el silencio, creer en las sobrevivientes y promover modelos de convivencia igualitarios son pasos indispensables para construir entornos seguros. La educación en derechos humanos y en igualdad de género desde edades tempranas constituye una herramienta poderosa para prevenir futuras violencias. La educación de los varones tiene una importancia clave para evitar que se conviertan en adolescentes y hombres adultos perpetuadores de ciclos de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres.
El 25 de noviembre no debe ser un recordatorio pasajero, sino un compromiso permanente. Defender el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia es apostar por sociedades más justas, democráticas y humanas. Mientras una sola mujer siga viviendo con miedo, la tarea no estará completa. Garantizar este derecho es una responsabilidad colectiva que exige voluntad política, recursos suficientes y, sobre todo, una convicción profunda de que la vida y la libertad de las mujeres merecen ser respetadas y protegidas.
