Sin embargo, por reciente decreto legislativo, se acordó que la diáspora salvadoreña tendría un nuevo plazo para registrar ese cambio domiciliar y, de este modo, votar en las elecciones del próximo año. Este plazo vence el viernes 3 de febrero del presente año y aún falta un aproximado de cien mil salvadoreños que no han realizado ese trámite necesario para actualizar el padrón electoral y, de este modo, reitero, poder emitir su voto en 2024.
El tiempo disponible y suficientemente razonable para efectuar ese cambio domiciliar, ahora ya es muy escaso y, a primera vista, me parece casi imposible de cumplir, pues si partimos del axioma jurídico que la ley es igual para todos, no podemos sólo apresurar la marcha en el caso de la migración nuestra en los Estados Unidos (donde se encuentra el mayor número) y posponer, arbitrariamente, para otras elecciones, a los connacionales con residencia en varias naciones del mundo. Pero aun refiriéndonos a la nación del Norte, debemos considerar, con mucha seriedad, que los salvadoreños están diseminados en varios Estados de la Unión y además, en muy diversas ciudades y condados y cuando mi columna salga publicada, el Tribunal Supremo Electoral, embajadas y consulados tendrán menos tiempo aún para que los hermanos en el extranjero hagan su cambio domiciliar.
A eso sumemos que miles de compatriotas guardan detención o privación de libertad en cantidades enormes, ya que según estadísticas recientes informan que el año recién pasado (2022), cerró con un aproximado de 86 mil migrantes salvadoreños detenidos y cuya condición actual podría ser otro factor que obstaculice su participación electoral del próximo año y que, de resultar cierto este factor tendríamos que casi 200 mil salvadoreños no emitirán su voto y eso puede alterar las perspectivas de los partidos en contienda y dañaría el factor democrático. Un aspecto crucial que se impulsa desde diferentes esferas de opinión pública y que puede dar lugar, incluso, a muchas especulaciones, de diversos tonos y contenidos, por parte de los ciudadanos y, por supuesto, de los partidos políticos de oposición.
No encontramos, de momento, una razonable explicación a este abultado atraso que mencionamos en estas líneas y que, realmente, nos preocupa si partimos de la importancia electoral que dejamos anotado, pues en cualquier nación democrática del mundo, las elecciones presidenciales revisten una especial relevancia e interés, ya que en ellas el pueblo decide quién de los candidatos participantes, merece dirigir los destinos patrios en un período predeterminado por la Constitución y leyes especiales.
En nuestro caso muy particular, la vigente Carta Magna, en su artículo 168 señala las atribuciones y obligaciones del Presidente de la República, todas ellas muy importantes para el país, como podemos comprobarlo con sólo leer y entender sus tres primeras fracciones, que, a guisa de ejemplo, copio a continuación: 1ª.) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales; 2ª.) Mantener ilesa la soberanía de la República y la integridad del territorio; 3ª.) Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad.
El tiempo es apremiante. Dejo la inquietud sobre este problema muy importante del registro electoral para miles de posibles votantes, a los institutos políticos, al Tribunal Supremo Electoral y al gobierno mismo del señor Bukele. Confiamos en una pronta, legal y saludable solución.