Recientemente se dieron a conocer dos informes sobre la matrícula escolar registrada en el presente año lectivo y ambos, en términos generales, demuestran que ese aspecto educativo plantea serias dificultades, que posteriormente comentaremos. Uno de ellos, de por sí es preocupante, como es el hecho que la matrícula de alumnos en los centros oficiales, de manera especial, acusa una disminución aproximada de cien mil educandos o escolares en comparación a la matrícula oficial del año pasado. A contrario sensu, personeros de la asociación de colegios privados reportaron, recientemente, que han tenido un aumento sustancial de estudiantes matriculados, el cual tiene a la base, afirmaron, la preferencia de la comunidad educativa “por las clases presenciales y no las virtuales”. Ambos datos, reitero, deben motivar a las actuales autoridades educativas a investigar y analizar ambos fenómenos, para encontrar prontas soluciones adecuadas, caso hubiere necesidad de efectuarlas.

En primer lugar, de confirmarse esa notable reducción en la matrícula escolar pública, sería un aspecto que desde ya debe merecer todos los esfuerzos posibles, tanto oficiales como particulares, por rescatar ese gran número de educandos que no se han matriculado y que, según cálculos, ronda cien mil infantes y adolescentes, que por razones aún ignoradas o especificadas, no asistirán a los planteles educativos difundidos en las áreas urbanas y rurales de todo el país que, a su vez afrontan otras dificultades como escasez de personal docente, carencia de material pedagógico apropiado, mobiliario defectuoso, falta de bibliotecas para consultas, etc. aunado al peligro latente de las pandillas criminales que acechan los planteles en busca de víctimas para sus insanos y reprochables actos ilícitos, especialmente con niñas de escasa edad cronológica o de varones adolescentes, en un sucio reclutamiento para sus agrupaciones antisociales. Constitucionalmente expresado, debemos tener muy presente que “el derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana, en consecuencia, es obligación del Estado su conservación, fomento y difusión” (Art. 54, Cn.).

Casi de inmediato, docentes del sector privado, hablaron de que su matrícula en el presente año registra un notable aumento, la cual, aseguraron, “ronda entre un 85 a 90%” pues, según sus registros, a cuatro semanas de haberse iniciado el año lectivo 2022, ya contabilizaban ¡210 mil estudiantes matriculados! Una cifra, por demás alentadora, en comparación a los informes proporcionados por el ramo educativo. Aunque no se refirieron, al dato ya publicado, de que muchos colegios privados han cerrado sus aulas y cesado sus plantas docentes, precisamente por esa misma causa: carencia de matrícula.

Recuerdo, que cuando muy joven, ingresé a la hoy desaparecida, pero inolvidable, Escuela Normal Central de Varones “Alberto Masferrer”, ubicada a inmediaciones de la UES, nuestros catedráticos nos hablaron del importante rol que tiene la educación en la transformación cultural y moral de los pueblos, y nos instaban, que cuando ejerciéramos la enseñanza pedagógica, el maestro debía convertirse en un auténtico y capacitado “agente del cambio social” en sus comunidades educativas, entendiendo a éstas no sólo la escuela en sí, sino el entorno geográfico, económico, familiar, etc. que circundaba a cada plantel educativo. Infortunadamente, el Estado suprimió la formación normalista de profesores y la dejó, hasta el presente, en manos de centros universitarios sin la visión amplia de aquellos pedagogos del pasado, tanto nacionales como extranjeros.

La actividad de la enseñanza normalista fue implantada durante la administración del héroe General Gerardo Barrios, después de una gira por Francia y otras naciones europeas, al fundar tres escuelas normales iniciales en San Salvador, San Miguel y Santa Ana. Una visión futurista benéfica, cortada de tajo, por maquiavélicos intereses de gobernantes no tan antiguos.

Finalmente, no podemos obviar, en este rubro de la matrícula escolar, el aspecto indeseable del aparecimiento mundial del virus etiquetado como “covid 19” y sus variantes recientes que, de manera palpable, ha influido negativamente en la reducción notable no sólo en la matrícula escolar, sino en la asistencia diaria de alumnos matriculados oportunamente, o ausencias prolongadas por contagio u hospitalizaciones, de los profesores y personales auxiliares en muchísimas escuelas del sector público. Aunque nuestro Ministerio de Educación se ha distinguido por no proporcionar informes fidedignos sobre este aspecto pandémico, concretándose más a una actividad proselitista del partido oficialista, pregonando únicamente actividades que ni por cerca nos indiquen que la enseñanza/aprendizaje camina hacia una total y elocuente recuperación en el país. Hablando sinceramente, la única política válida en el área educativa es aquella que busca mejorar, modernizar y ampliar la actividad formativa de la escuela, para el mayor número de habitantes salvadoreños, no solamente los niveles parvularios, infantiles, juveniles y adultos comprendidos en los diferentes planes y ciclos educativos. Y aunque lo revisemos para después, urge tratar también la alfabetización de los adultos en el país. Por hoy, cerramos momentáneamente la ventanilla de esta columna.