La extorsión ha sido una de las principales fuentes de financiamiento de las pandillas criminales en el presente siglo. El imperio económico de las pandillas en El Salvador está sostenido por las extorsiones, y construido sobre la muerte de mujeres y hombres, sobre sueños de emprendimientos y negocios, sobre familias de la microempresa que fueron desplazados forzadamente para adueñarse de esos negocios. El miedo, las amenazas, el terror, fueron parte de las herramientas que utilizaron para lograr sus objetivos.
De la extorsión no se han salvado las entidades económicas, ni por su número de colaboradores o por sus ingresos anuales; el control de los territorios les permitió amenazar a quienes quisieron y en la lógica absurda de sus cabecillas ordenar que todas y todos debían pagar un tributo a las pandillas criminales porque eran dueños de los territorios. A las pandillas no les interesaba si su negocio ya estaba siendo “renteado” por otra u otras estructuras, tenía que pagar porque de lo contrario dictaba su propia sentencia de muerte.
Las extorsiones le permitieron disponer de un estilo de vida de sus cabecillas visibles y no visibles lleno de lujos y excesos de todo tipo, una nueva clase social, una clase social criminal, que sus caprichos y derroches estaban construidos sobre el sufrimiento de micros, emprendedores, negocios familiares, vendedores por cuenta propia quienes, que no podían ocultarse bajo la figura de un gerente o jefe, tenían que exponer su integridad física y de sus familiares.
Durante estas dos décadas ha sido lamentable como muchas empresas medianas, grandes y transnacionales prefirieron pagar y trasladar los costos de la extorsión a sus productos y servicios, y que ese costo de extorsión periódica lo pagaron los consumidores. Muchas de estas empresas han pagado miles de miles de dólares por años y no existen denuncias en sede fiscal o policial, pero ante medios de comunicación y sus respectivos gremiales criticaban duramente a la PNC y FGR. No faltaron empresas y gremiales que cada diciembre con balances de extorsiones, pero sus agremiados no denuncian porque era más fácil que la sociedad pagara ese costo que denunciar.
Estas actitudes envalentonaron a los pandilleros, tuvieron la lectura adecuada que ciertos empresarios prefieren pagar y poder ingresar a diferentes sectores a nivel nacional hacer negocios. Incluso muchas empresas medianas y grandes tenían y posiblemente conservan estructuras de empleados que dicen que los extorsionan y no es así, y estas estructuras internas obtienen un doble ingreso. Recuerdo el caso de una empresa de baterías que decían que una comunidad al oriente de la ciudad capital, que en cada pasaje y en cada zona de esa comunidad, tenían que repartir dinero. Cuando el gerente de país decidió atender las recomendaciones y cambiar a todos los empleados de esa ruta se dio cuenta que los camiones ingresaron sin ser detenidos por nadie, durante todo un mes de la prueba y evidencia. Cuando se les recomendó que denunciaran a los empleados ante la FGR y PNC, no lo quisieron hacer y la disposición fue despedirlos. En unos meses, la estructura interna se había activado siempre en la misma empresa.
Otras empresas disponen de directores, gerentes y jefes de seguridad que recomiendan a los empresarios que paguen la extorsión, y no tienen ni las zonas donde supuestamente han sido amenazados, ni la estructura criminal, ni los montos que pagan. Ha sido un esquema perverso que algunas empresas grandes y medianas han sostenido porque no importa el precio se les traslada a los consumidores. Ha llegado el momento de cerrar los flujos financieros de las pandillas y sus colaboradores, ahora ya no hay pretexto, y nunca lo fue porque las pandillas nunca amenazaron a los accionistas y socios; si como sociedad queremos transformar esta historia criminal hay que denunciar. No más el trabajo u oficio de “rentero y rentera” en El Salvador.
