La mayoría de estos aumentos en el presupuesto han tenido como justificación que este año ha existido “un excedente en la recaudación de impuestos”, sin embargo, este contrasta con el hecho que faltando apenas mes y medio para que se acabe el año, el gobierno solicitó que se le aprobará una deuda adicional de $432 millones para poder cerrar este 2022.
Vale la pena señalar que estos $432 millones vendrían de deuda interna, es decir de lo que le prestan los bancos privados y las administradoras de pensiones, con los recursos que provienen de los ahorros de los y las salvadoreñas. Esto es una confirmación que el mercado de bonos internacionales está cerrado para El Salvador y por ello la fuente de financiamiento que más le está ayudando en estos momentos es la interna.
Desde el gobierno han anunciado una segunda recompra de bonos que diera la impresión que el gobierno está en una situación financiera tan buena que hasta se puede dar el lujo de pagar anticipadamente. La realidad es muy diferente, el gobierno solo tiene $75 millones para saldar una deuda de más de mil millones y lo que está aprovechando es que los precios están muy bajos porque el perfil de riesgo del país es muy alto. Por ejemplo, si alguien le prestó al gobierno $100, ahorita el gobierno solo le está ofreciendo $62 para saldar la deuda cómo sucede con el bono que se vence en 2025. ¿Por qué alguien aceptaría que le pague menos? Porque prefiere recibir, aunque sea una parte ahora, que esperar a 2025 que no se le pague nada. Es decir, los inversionistas están previendo que en el futuro la situación financiera del gobierno puede ser peor que la de ahora.
Además, están aceptando un valor menor, pero si más adelante el gobierno le llega a pedir prestado nuevamente, ¿usted cree que le van a prestar?
Por si fuera poco, esta semana la Comisión de Hacienda en una sesión de casi 10 minutos, aprobó el dictamen favorable para crear la Ley Especial para la Contratación de Obra Pública con Financiamiento Incluido. Que básicamente lo que pretende es que el contratista sea quien consiga el dinero para echar a andar la obra, porque el gobierno está teniendo serios problemas para conseguir el financiamiento. Asimismo, con esta Ley se autoriza saltarse la Ley de Adquisición y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap).
Autorizarse saltarse la Lacap también se ha convertido en una constante como ya ha sucedido con la Dirección de Obras Municipales, con la construcción de cárceles, con la compra de alimentos y un gran etcétera. Supongo que solo para guardar las apariencias es que no la han eliminado completamente. Los problemas de no usar la Lacap básicamente son la discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas. Siendo especialmente relevante los requisitos que se le deben exigir a un contratista, por ejemplo, con la Lacap un vendedor de zapatos nunca podría venderle medicinas a una institución pública, obviando la Lacap si lo podría hacer. Además, es más fácil otorgarle “a dedo” al contratista que se quiera beneficiar.
Todas estas decisiones retratan una mala planificación financiera y un desorden en el manejo de los recursos públicos, la carencia de un plan de desarrollo vinculado al presupuesto público y la improvisación como la constante con la que se toman las decisiones. Pero también la reconfiguración de la administración pública para evitar los controles y que cada vez exista más discrecionalidad en el manejo de los fondos públicos.