Después de cinco años de régimen autoritario, Bukele controla absolutamente a todos los poderes e instituciones del estado; ha cerrado el acceso a la información pública, ocultado los datos estadísticos, administrativos y socioeconómicos del país. Mantiene el prolongado Régimen de Excepción, aún después de anunciar ganada la guerra contra las pandillas; una afirmación reiterada en distintos eventos públicos durante los últimos diez meses. Bukele también declaró “pulverizada a la oposición”. Por lo tanto, no hay justificación racional para seguir imponiendo el Régimen de Excepción, sobre todo, si el objetivo es generar confianza para atraer inversiones y recuperar la economía del país.
Bukele se hereda una economía profundamente rezagada, la más atrasada en la región en cuanto a bajas exportaciones, escasa inversión externa, minada por la corrupción, el despilfarro y la incapacidad de ejecución presupuestaria; no ha logrado superar el promedio endémico del 2.4% de crecimiento económico registrado por el mismo Banco Central de Reserva. Su gestión está en la mira de los organismos financieros internacionales y calificadoras de riesgo. Uno de los sectores más abandonados es el agropecuario, que hasta 2019 significaba el 5.1% del PIB; actualmente su aporte retrocedió hasta el 4.6%; solo entre los años 2020 y 2021 más de 18,000 ganaderos quebraron, debido al elevado costo de los insumos y alimentos para el ganado; por la drástica reducción del programa del vaso de leche escolar de este gobierno, y a la masiva importación de leche y derivados lácteos. Igual descalabro padecen los productores de granos básicos, caficultores y cañeros.
De acuerdo con datos sistematizados por el Equipo Maíz, junto al economista Cesar Villalona, el país padece una caída del crecimiento industrial que antes aportaba el 15.5% al PIB, y hoy se redujo al 14%. A esto debe agregarse el grave desbalance del comercio exterior, que de un déficit de $5,967 millones en 2019; este se multiplicó hasta $9,150 millones. En tanto la inversión extranjera, que también es la más rezagada en la región, en 2023 apenas alcanzó $750 millones, sin superar los $826 millones alcanzados en el año 2018. Las reservas internacionales netas lejos de crecer han disminuido de $3,763 millones en 2019, a $3,119 millones en 2024. En tanto la deuda pública, incluyendo pensiones, de $19,808 en 2019 (63% del PIB); ha crecido a $30,173 en 2024, (88% del PIB).
La inflación creció hasta 4 puntos, golpeando especialmente los precios de los productos de la canasta básica de alimentos y servicios. Un severo incremento del 28% a la Canasta Básica urbana que cubre apenas 22 productos; mientras la Canasta Básica rural con solo 15 productos creció 23%. Hay un grave incremento de la pobreza, que de un 22.6% en 2019, aumentó a 27.2% al final de 2023, condenando a 126,000 nuevas personas a la pobreza. Mientras el desempleo alcanzó el 7%; y el subempleo en el que se inscribe la desesperada sobrevivencia informal, tan perseguida en el centro de la capital y otras urbes del país rebasa el 53%. Esta crisis es más grave por el incremento de la deuda de pensiones, que de $5,071 millones en 2019, hoy supera los $9,916 millones en 2024; una crisis que se agrava aceleradamente con el impago por cuatro años impuesto por este gobierno, y la manera acelerada con que continúan vaciando los ahorros de los cotizantes.
Ante semejante panorama económico, social y fiscal, Bukele está obligado a cumplir su promesa de que paguen más los que tienen más, a comenzar aplicando la “medicina amarga” a su propio gabinete; y a exponer con claridad ante el país sus planes para la recuperación económica y social.