La escena es tan burda que debería doler. Es tan patética que debería provocar indignación. Debería, ¿no? La elección de los magistrados de la Corte de Cuentas en El Salvador no es más que otra confirmación flagrante de la captura absoluta de la institucionalidad por parte del poder político. El hecho de que esta institución ha sido más un elefante blanco que una entidad efectiva no puede ser justificante de lo que pasó. En cualquier país que pretenda aspirar a ser medianamente democrático, lo sucedido en la Asamblea Legislativa sería suficiente para desatar un escándalo.

Pero aquí no. En esta tierra donde las líneas se han vuelto difusas entre lo que es correcto y lo que es políticamente conveniente. Donde la mentira sustituye la verdad. Donde los corruptos pretender dar lecciones de transparencia. Donde los perpetradores de derechos humanos quieren dar cátedra de justicia. En esta tierra parece que este tipo de situaciones se han normalizado.

La Corte de Cuentas, esa entidad que debería ser un baluarte de la honestidad y la integridad, una fortaleza que vela por el buen uso de los recursos públicos pretende que nunca lo fue ahora pretende ser reducida a un apéndice más en manos de quienes buscan mantener su dominio y control sobre todas las instancias de poder. El solo hecho de que alguien que encabece esta institución haya sido precandidata del partido oficialista debería ser suficiente para activar todas las alarmas éticas y legales.

En un sistema democrático saludable, la separación de poderes es fundamental. La independencia de las instituciones encargadas de fiscalizar y controlar al gobierno sobre el manejo de recursos públicos es esencial para prevenir abusos y corrupción. Pero aquí nos encontramos en un juego perverso en el que el lobo es quien cuida a las ovejas.

La indignación debería ser dantesca. No es simplemente una cuestión partidista; es una burla a toda la población independientemente de a quién apoye o no. Es comprensible que algunos puedan argumentar que sus problemas cotidianos, como no saber si va a comer, si va a poder comprar la medicina o pagar el recibo de la luz, sean más importantes que estos temas relacionados con las entidades contraloras. Pero precisamente por no tener instituciones fuertes es que esos problemas en lugar de resolverse se agravan.

Además, uno de los errores más críticos de algunos pequeños sectores, pero muy poderosos, fue haber construido una narrativa que hace sentir a la mayoría de la población que no paga impuestos. Por lo que piensan que es irrelevante quién va a garantizar que se use transparentemente los recursos, pues sienten que al final y al cabo no es su dinero.

Las aspiraciones de tener mejores condiciones de vida no pueden sobrevivir en un ambiente de oscuridad y secretismo. La elección de los magistrados de la Corte de Cuentas debe servir como un catalizador para un renacimiento de la responsabilidad pública y de la búsqueda de una verdadera representación. No importa cuán burdo o patético pueda parecer este episodio, está en manos de la población transformarlo en un punto de inflexión en la lucha por una sociedad más justa y transparente.

Nadie debe permitir ser arrastrado por la normalización de prácticas que dañan al país. La sociedad no puede darse el lujo de ser complaciente. Los derechos, la dignidad y la posibilidad de un futuro mejor están en juego. Este tipo de sucesos es un recordatorio de la importancia de las organizaciones sociales y de los medios de comunicación que a través de su trabajo permiten poner luz, para que ver qué es lo que está pasando. Ahora dependerá de cada uno asumir su responsabilidad como ciudadano, ya sea para exigir cambios o para ser cómplice incluso con su silencio de lo que pasa.

Así que, ante el burdo y patético espectáculo que hemos presenciado en la elección de los magistrados de la Corte de Cuenta al menos no nos quedemos callados. ¿O para usted es correcto lo que ha pasado?