Hablemos del caso de la crisis de seguridad en nuestro país, un problema estructural de nuestra sociedad, que cada año cobra la vida de muchas personas inocentes y que gobierno tras gobierno prometen resolver, aplicando estrategias basadas en la represión, pero que siguen sin atender las causas últimas del problema: pobreza, desigualdad, exclusión, falta de acceso a servicios básicos ... en fin, la ausencia de un Estado que garantice derechos y oportunidades a la población.
Ante el reciente incremento de los homicidios la respuesta gubernamental ha sido la implementación de un estado de excepción cuyos resultados resultan altamente cuestionables en materias de seguridad y derechos humanos, pero efectivos para alimentar la propaganda oficialista. Pero, además de los arrestos masivos, la criminalización de la juventud, los discursos de odio y de exaltación de la valentía de los cuerpos de seguridad, hay otro detalle al que bien vale la pena ponerle atención por sus serias implicaciones.
Acompañando la declaratoria de régimen de excepción, el Legislativo aprobó un régimen especial transitorio para la adquisición de bienes y servicios, lo que significa que durante el período de excepción el Estado no tendrá que atender disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Evidentemente la atención de la crisis de seguridad es urgente, pero en la experiencia salvadoreña las compras y contrataciones han sido uno de los caminos por los que la corrupción se ha enquistado en el sector público y, en momento de crisis y sosobra, no han faltado personas que han aprovechado esos espacios para adueñarse de recursos públicos; por ello, es que en momentos de crisis también resulta indispensable fortalecer el cumplimiento de requisitos, controles y procedimientos como los establecidos en la Lacap.
Otro de los componentes de la respuesta gubernamental a la crisis de homicidios es la construcción de nuevos centros penitenciarios. Por lo que en el marco del estado de excepción, la Asamblea Legislativa también aprobó la Ley especial para la construcción de centros penitenciarios, en la cual se establece que esos procesos las disposiciones de la Lacap tampoco serán aplicables. Algo alarmante, en especial al recordar que las obras de infraestructura han sido uno de los asideros históricos de prácticas de corrupción en el país y, aún más, al considerar que esos recursos para construir más cárceles bien pudieran utilizarse para construir más escuelas o financiar estrategias integrales de prevención de la violencia.
Estos “permisos” para saltarse la Lacap no son nuevos. El año pasado se creó la Dirección de Obras Municipales (DOM), como entidad adscrita a la Presidencia, responsable de los proyectos de inversión municipal y con una asignación de recursos que no podrá ser menor al 3% de los ingresos corrientes netos del presupuesto general del Estado. A pesar de su importancia y de la importancia de blindar sus recursos, la ley de creación de la DOM establece que la Lacap no le será aplicable.
Pareciera que aunque el discurso público presenta, con bombo y platillo, un trabajo incansable por resolver los mayores problemas de la ciudadanía, detrás de ello se está dando un continuo debilitamiento de los controles sobre los procesos de compras y contrataciones del sector público, lo que sumado al debilitamiento sistemático de la transparencia y rendición de cuentas, allana el camino para que nuevamente la crisis se convierta en prosperidad para unos cuantos. Toca entonces, desde la ciudadanía, dejar el rol de público expectante, a uno que activamente presta atención a los detalles y le recuerda a los funcionarios que no son actos de magia los que se necesitan, sino verdaderas respuestas a los problemas del país. Después de todo, los detalles detrás de todo truco de magia siempre se terminan conociendo.