Sin embargo, lo que parece una descabellada decisión, también es cortina de humo para desviar el foco de atención sobre otros graves problemas nacionales como la anunciada pretensión de Bukele de perpetuarse en el poder mediante la inconstitucional reelección presidencial inmediata, a la que atropelladamente le agregaron una tardía “Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero” con muchos vacíos e incoherencias. Esta ley, además, abre una puerta trasera a la posibilidad de dobles votos mediante la utilización de DUI y pasaportes sin establecer límites de antigüedad para dichos documentos y sin el requisito de empadronamiento previo que permita extraer del padrón nacional a quienes voten desde el exterior.
El derecho incuestionable de los salvadoreños en el exterior a votar es utilizado como espada para decapitar en un proceso electoral a la ya moribunda democracia que apenas respira debido al creciente contexto autoritario. La vulneración de la equidad e integridad del proceso electoral se advierte, al menos, en tres aspectos: primero, la intención de vaciar el voto exterior sobre San Salvador, donde se eligen 24 de los 84 diputados; segundo, la millonaria red de comunicación y troles para deslegitimar a la prensa independiente, organizaciones populares y de la sociedad civil y, por supuesto, a los liderazgos de oposición; y tercero, el uso y abuso de los recursos del Estado para apuntalar una gran operación de inducción, control psicológico y territorial a gran escala. Esta campaña anticipada, mediante el uso masivo de recursos públicos para atraer simpatías electorales de manera ilegal que despliega el cian como factor de control e inducción, solo ha sido vista en tal magnitud durante la campaña tricolor de Antonio Saca en las elecciones de 2004.
El uso de recursos del Estado incluyó desplumar a las municipalidades del presupuesto del FODES, concentrando millones de dólares en la dirección de Obras Municipales para centralizar la campaña enfocada en obras de infraestructura capitalizables a favor del Ejecutivo. Esta estrategia es acompañada del uso masivo del celeste cian en equipos, maquinaria, utensilios, uniformes de los trabajadores, señalización, conos, pancartas de anuncio de obras. A esto suma el despliegue de colorido en postes de alumbrado eléctrico en rutas de alta visibilidad como la ruta Escalón Norte y Cristo de la Paz.
Esta campaña descaradamente anticipada ha incluido frecuentes giras de legisladores gubernamentales dirigidas a las mayores concentraciones de salvadoreños en el exterior, con un cuantioso financiamiento de origen desconocido, utilizando el tiempo laboral que debería ser utilizado en estrictas labores legislativas, sin obviar también el escandaloso reparto de paquetes alimenticios, aprovechándose de la vulnerabilidad de la población afectada por la reciente tormenta Julia, paquetes en los que abusivamente figuraba la fotografía y nombre de legisladores gubernamentales. La pregunta elemental es ¿por qué no actúa de oficio el Tribunal Supremo Electoral ante sobradas y abundantes evidencias de campaña adelantada, uso y abuso de recursos del Estado?; ¿por qué habiendo suficiente jurisprudencia electoral y constitucional el Tribunal cierra los ojos? Tener un edificio nuevo no los hace más Tribunal.