La Ley Bitcoin estableció la obligatoriedad, luego crearon el FIDEBITCOIN para repartir 150 millones de dólares de fondos públicos, pretendiendo estimular la utilización del criptoactivo, entregando treinta dólares por cabeza a quienes “bajaran” la billetera gubernamental “Chivo Wallet”. El engaño para implementar el Bitcoin se basó tanto en anunciar la inclusión y formalización de amplios sectores de población excluidos del sistema financiero, como en (supuestamente) bajar los costos de las transacciones financieras, canalizar remesas disminuyendo los costos de intermediación bancaria, ampliar el abanico de oportunidades de negocios y atraer a poderosos inversionistas internacionales.
A un año de las promesas la opacidad gubernamental es la regla para ocultar el contundente fracaso del Bitcoin. Las instituciones gubernamentales se niegan a proporcionar información de cuantos usuarios han “bajado” la Chivo Wallet y, de estos, cuantos la continúan utilizando. Recientemente el Banco Central de Reserva negó revelar la cantidad de remesas canalizadas a través de la billetera gubernamental por considerarlo secreto: “deniéguese el acceso a la información relativa a cifras de recepción de remesas -septiembre/21 a enero/22 por medio de Chivo Wallet conforme a la clasificación de confidencialidad preexistente”. Otras fuentes revelaron que de $552.7 millones en remesas recibidos al inicio de año, solo $1.8 millones fueron canalizados a través de diferentes billeteras digitales.
En un año Bukele ha realizado ocho compras de Bitcoin, presumiblemente desde su teléfono celular personal, tal como él mismo lo publicara, sin tener esas competencias constitucionales. Así adquirió 2301 Bitcoin por $101,711,510.00 millones de dólares, de los que solo él controla el paradero digital y sin institución contralora que certifique. De ese monto, el país ya perdió alrededor de $40 millones por la fluctuación del criptoactivo. Además, 150 millones de dólares fueron repartidos a un número impreciso de usuarios, sobre los que no hay verificación; y hay que sumar los costos del montaje de la red nacional de infraestructura (conectividad y quioscos), cajeros automáticos, jóvenes orientadores, call center, y la descomunal campaña mediática. Son más de $400 millones de fondos públicos botados, sin un proceso de licitación, sin auditorías y sin acceso a datos tal como lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública.
En un contexto de baja escolaridad, sin información y orientación financiera sobre el uso de criptoactivos, el país sigue careciendo de la red de conectividad suficiente y de tecnología apropiada para sustentar el uso cotidiano. Solo el 20% de los inscritos hacen uso esporádico de la billetera, entre ellos empleados públicos temerosos de perder su empleo, y un 10% de empresas reflejan transacciones ocasionales.
Mientras existen más de mil denuncias canalizadas a través de CRISTOSAL sobre suplantación de identidad, uso de documentos falsos y fraudes informáticos entorno al Bitcoin, la única inversión fresca son los aplausos del desfile de “gorrones” visitantes que satisfacen la megalomanía del gobernante, se desvanecen los “Bonos Volcán” y siguen sin existir estudios geotérmicos que respalden el costo beneficio de “minar” Bitcoin desde el volcán Conchagua, volviendo falaz y mediática la “Ciudad Bitcoin”.
El Salvador tiene las finanzas públicas menos fiables, es el más vulnerable y menos productivo de la región, sacudido por la inflación y una inminente escasez de alimentos; golpeado además por las fallas en la cadena global de suministros y muy frágil ante el alza de combustibles, fertilizantes y electricidad; con una deuda externa (87% del PIB) de incierto pago y sin propuesta fiscal progresiva. El barco se hunde mientras Bukele juega “Monopoly” con el Bitcoin. Por cierto ¿Y si en una de “esas” se le pierde el teléfono y se le olvidan las claves?