Está lejos aquel golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931 y hay quienes creen que eso ‘ya pasó’ y no merece la pena volver sobre ello. Sin embargo, se trata de uno de los ‘momentos’ clave de la historia nacional que de peor manera se ha estudiado. Por manipulación y por desidia.
Un golpe de Estado es un ‘hecho social’ que involucra actores, propósitos y proyecciones políticas. No se trata de ocurrencias sin más de militares calenturientos. En el siglo XX hubo una curiosa variedad de golpes de Estado que tuvieron consecuencias significativas en la vida nacional. Los tres de signo progresista (abril de 1944, marzo de 1972 y octubre de 1979) fueron de corta duración y terminaron ahogados, y el más relevante, el del 15 de octubre de1979, además, rápido fue tergiversado y convertido en herramienta conservadora y represiva.
El golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931 ocurrió en unas circunstancias de indefinición política, cuando el gobierno encabezado por Arturo Araujo ―y que tenía, al asumir la conducción del Estado el 1 de febrero de 1931, un programa más o menos modernizante―, se encontraba en su máximo momento de debilidad y vaciado de sus aliados iniciales.
No hay un solo factor que pueda explicar por qué en ese momento fue desalojado del aparato gubernamental Arturo Araujo, el presidente que había tomado posesión el 1 de febrero de 1931. Sin embargo, es claro que la fragilidad de ese gobierno progresista se fraguó a una velocidad insospechada debido a malas comprensiones y malas decisiones que se adoptaron, y de las que no solo fue responsable Arturo Araujo como de forma ordinaria se ha insistido.
De hecho, cuando asumió la conducción gubernamental Araujo se topó con que su antecesor, Pío Romero Bosque, había dejado una mala situación financiera, que el negativo flujo de caja denotaba. Y puesto en contexto ese gobierno en concreto, resulta que es al que le tocó atajar los graves efectos multidimensionales de la Gran Crisis de 1929 que en el mundo subdesarrollado estaba causando estragos. Los precios internacionales del producto de exportación decisivo del país (el café) se desplomaron y eso se expresó de diversas formas en la economía nacional: problemas para el pago de los salarios de los empleados públicos, escasez de mano de obra para la recolección de la cosecha 1931/1932 por las restricciones propietarias, dificultades en la producción de granos básicos…
Pero eso no fue todo. Desde 1928 se había venido configurando un tejido organizativo de nuevo tipo (el de la corriente de militancia comunista), radical en sus modos de expresión, y de choque en sus métodos, que de algún modo recogía los ecos a la consigna que en esa época había asumido la Tercera Internacional (o Internacional Comunista) y que orientaba de manera táctica su actuación sobre este postulado: ‘clase contra clase’. La agenda propuesta por Araujo como candidato presidencial, y con el apoyo expreso de Alberto Masferrer y su red del magisterio nacional, apuntaba a salirle al paso, aunque de un modo tibio, a la crisis social que estaba en marcha. No se trataba de una revolución ni siquiera de un programa de reformas sociales, pero sí era un giro en relación con el conservadurismo en el mundo rural. Y en mayo de 1931, cuando se produce una masacre de campesinos en Sonsonate por parte del aparato militar gubernamental, la situación política comenzó a discurrir de un modo complicado, porque la corriente de militancia comunista (que se expresaba al menos a través de estos instrumentos: el Partido Comunista de El Salvador ―fundado en marzo de 1930―, la Federación Regional de Trabajadores ― fundada en 1924, pero solo hasta 1928 pasó a ser orientada por militantes comunistas―, la seccional local del Socorro Rojo Internacional y la pequeña red de estudiantes articulada en la universidad estatal) elevó su tono y modo de protesta social.
Y a esto hay que agregar un dato poco estudiado hasta ahora, y es que al ‘bajarse’ de la precandidatura presidencial y pasar a ser el candidato a la vicepresidencia de la fórmula de Arturo Araujo, Maximiliano Hernández Martínez (o como él firmaba: Max H. Martínez), también pasó a ser el ministro de Guerra. Y no solo eso, de facto, y al margen o a la sombra o sin poder evitarlo Arturo Araujo, se conformó un ‘directorio militar’ encabezado por Martínez donde estaba personal militar (generales y coroneles, y también de otros rangos más abajo) en el que confiaba. Así, la deriva represiva en la que se embarcó ese gobierno de Araujo tuvo a ese ‘petit comité militar’ como el formulador y ejecutor de tal deriva. De hecho, cuando se sacan cuentas de los participantes directos en el aplastamiento insurreccional campesino a partir del 25 de enero de 1932, aparecen Tomás Calderón, Salvador Castaneda Castro, Osmín Aguirre…, como los funcionarios del gobierno de Martínez desde el 5 de diciembre de 1931, pero que también provenían de aquel ‘petit comité militar’.
Es decir, para ese golpe de Estado del 2 de diciembre de 1931 convergieron varios factores, y la tentativa del empréstito de que tanto se habla y en el que se empeñó Araujo, fue uno de ellos, pero no el único, y quizá no el decisivo.
*Jaime Barba, REGIÓN Centro de Investigaciones
