Las fallidas promesas gubernamentales para imponer el Bitcoin incluían: el encantamiento de atraer multitudinarias inversiones internacionales que desbordarían mágicamente, transformando la pobreza en desarrollo y las calabazas en flamantes carrozas; que el progreso caería como maná del cielo por la inclusión financiera, bancarizando a los más pobres, produciendo el inmediato progreso de sectores informales que de humildes negocios de champa en playas y carreteras terminarían convertidos en emporios comerciales rebosantes de atender interminables colas de turistas. También aseguraban que el Bitcoin multiplicaría las remesas, tras abaratar los costos de transferencias.
Se estima que el dinero público dilapidado en la aventura del Bitcoin podría superar los 425 millones de dólares. Someramente se conoce la compra de 121,6 millones de dólares en 2966 monedas digitales; mas 150 millones de dólares entregados sin auditoría, a razón de 30 por persona, para el que descargó la billetera “Chivo Wallet”. Se desconoce también el costo exacto del montaje de doscientos cajeros automáticos y casetas de servicio, el pago de planilla a empleados, decenas de asesores, el derroche de publicidad, y los magnos y multitudinarios eventos promocionales con figuras acarreadas.
El estrepitoso fracaso de Bukele pretende ocultarse mediante la reserva de toda información relacionada. Hoy, el Bitcoin es un no viviente que apenas se mueve, desconociéndose, pues no hay datos oficiales, cuántas monedas digitales compraron. Además, es un misterio el procedimiento de adquisición y la figura legal de almacenamiento y paradero de esos criptoactivos; así mismo, se desconoce la inversión y resultados del costoso montaje para minar Bitcoin con energía geotérmica. A estas alturas, se considera atenuado el riesgo-país debido al fracaso del proyecto, la irrelevancia y nimiedad de las transacciones. Solo la sabiduría popular supo evadir la obligación de utilizar semejante gazapo como moneda de curso legal. Entre los costos y heridas abiertas está el hecho de que, mientras esté vigente la ley, El Salvador seguirá siendo un paraíso fiscal virtual y un portón abierto para operaciones de lavado y ocultamiento de dinero mal habido. Es evidente que la tozudez de imponer el Bitcoin ha dificultado el acceso del país a fuentes de financiamiento internacional, complicando las negociaciones para alcanzar un acuerdo fiscal con El FMI.
Es incomprensible la terquedad de Bukele de seguir malgastando dinero público, tras el anuncio de financiar la Agencia de Fondos Bitcoin (AAB) con 1,895,820.00 dólares; un engendro de la Ley de Activos Digitales. Esta medida contrasta con la grave situación que reflejan las finanzas públicas y una deuda externa e interna considerada insostenible e inmanejable, con tendencia a empeorarse en el futuro inmediato, de acuerdo con las agencias calificadoras de riesgo. Esta solo se ha visto atenuada momentáneamente por los malabares de extorsionar a los bancos para diferir hasta por siete años los pagos que debían ser inmediatos, con una reestructuración a una mayor tasa de interés: de 8.25 a 8.83 por ciento El mismo malabar lo hicieron con las pensiones, al imponer un periodo de gracia de cuatro años al pago de intereses y capital. Esta situación todavía es más grave si se pondera el menor crecimiento económico de El Salvador en la región centroamericana, pues solo será de 2.1%, y de 1.8% en 2024, según el dato confirmado por La CEPAL.
Sigue insepulto el cuerpo del no vivo (Bitcoin), cuando Bukele anunció y aprobó la semana pasada un nuevo despilfarro de al menos 500 millones de dólares para comprar servicios digitales a la multinacional Google. Todo con el claro propósito de centralizar más poder en la presidencia, pues el paquete incluye el control Legislativo y sus “botones” y desde allí manejar las sentencias y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia.