Para responder a las preguntas anteriores bastaría con que cualquier persona busque información en las páginas web oficiales o solicite información ante la institución pública correspondiente. El detalle es que para ello requeriríamos vivir en una sociedad mínimamente democrática en la que se garantiza el derecho de toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información.
Pero vivimos en un país en el que la opacidad se ha hecho la norma. Los avances que se habían logrado con la implementación de la Ley de acceso a la información pública, incluida la construcción de una institucionalidad que velaba por el derecho a la información han sido destruidos en la actual administración, con el abuso de las declaraciones de información pública declarada bajo reserva, con la reducción del presupuesto y el menoscabo de la independencia del Instituto de Acceso a la Información Pública. Incluso, El Salvador ha sido declarado un país inactivo en iniciativas internacionales en pro de la transparencia como la Alianza por el Gobierno Abierto.
El acceso a la información es un elemento clave de la transparencia y se entiende como el derecho fundamental de las personas de acceder a la información y documentos que se encuentran en poder de las instituciones del Estado. Este derecho tiene una relación estrecha con los derechos de petición, libertad de expresión y participación ciudadana, pues solo si las personas cuentan con acceso a la información que permite conocer y evaluar la gestión de la administración pública, la sociedad está plenamente informada.
La información es poder. Permite que la ciudadanía esté al tanto de las decisiones que impactan directamente en su vida y en su bienestar, también supervisar y exigir el cumplimiento de las responsabilidades del gobierno. Pero la información se puede convertir en un poder más grande, en especial en un período electoral, porque la información se traduce en conocimiento y consciencia para ejercer un voto informado. A lo mejor esa es la razón por la que los gobiernos adoptan tan fácilmente la práctica de ocultar o poner bajo reserva información de carácter público. En un país cansado de la corrupción que históricamente ha estado enquistada en la administración pública y con un gobierno que dice ser diferente y luchar contra la corrupción ¿no debería garantizarse el derecho al acceso universal a la información?
Quiero aprovechar que cada 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Acceso Universal a la Información, para recordar que la garantía del derecho al saber, combinado con una participación activa de la ciudadanía y mecanismos eficaces de rendición de cuentas, son la medicina más eficaz en contra de la corrupción. Es irrelevante por quien usted simpatiza. En un momento como este, es indispensable reconocer que existe y que desde la ciudadanía exijamos que se cumpla nuestro derecho fundamental a saber, a tener información de forma oportuna y transparente para poder llevar a cabo nuestro derecho democrático de auditores sociales y también con ello no ser cómplices de la opacidad.