A pesar de las afirmaciones del actual gobierno de El Salvador, especialmente del ministro de Salud, Francisco Alabi, la salud de la población ha mostrado un deterioro en la última década. La esperanza de vida en el país ha disminuido ligeramente, pasando de 71.83 años en 2012 a 71.48 años en 2022. Este leve cambio es preocupante, ya que se esperaría una mejora significativa en un periodo de diez años. El aumento promedio de la esperanza de vida en el mundo entre 2012 y 2022 fue de 1.7 años, pasando de 70 años en 2012 a 71.7 años en 2022 según datos de la División de Población de las Naciones Unidas.

Comparado con otros países de Centroamérica, El Salvador se encuentra rezagado. En 2022, solo superó a Guatemala, que reportó una esperanza de vida de 68.67 años. Costa Rica lidera la región con una expectativa de vida que supera a la de El Salvador por 9.4 años.

Los datos indican que, aunque se han realizado inversiones en infraestructura y servicios de salud, principalmente de segundo y tercer nivel, estas no se han traducido en mejoras notables en la salud pública ni en la creación de una fuerza laboral de salud robusta, lo cual es crucial para el desarrollo del país. La población enfrenta desafíos significativos como el acceso limitado a servicios de salud y condiciones socioeconómicas precarias, lo que contribuye a una alta tasa de mortalidad materna y enfermedades prevalentes entre los más vulnerables.

Las políticas de salud implementadas por el liderazgo del MINSAL desde 2019 reflejan una profunda falta de atención a la evidencia proporcionada por las plataformas que recopilan datos sobre la salud del pueblo salvadoreño. A menos que el gobierno salvadoreño introduzca cambios drásticos para abordar factores de riesgo como la obesidad, diabetes, hipertensión y tabaquismo, se prevé que la clasificación de la esperanza de vida continúe descendiendo. Estos factores son las principales causas de mala salud y muerte prematura en cada departamento y municipalidad del país.

La expectativa de vida en El Salvador presenta diferencias significativas entre los departamentos y municipalidades, reflejando desigualdades en desarrollo humano y acceso a servicios de salud. Según datos de los informes sobre desarrollo humano de 2017 y el almanaque de 2007, hay una diferencia de 4 años en la expectativa de vida entre el departamento con la tasa más alta y el que tiene la más baja.

El departamento con la expectativa de vida más alta es San Salvador, con 74.9 años, similar a la de Uruguay, mientras que Sonsonate muestra la expectativa más baja, con 70.9 años, comparable a la de Belice. Esta disparidad se acentúa al analizar las municipalidades, donde se observa una diferencia mayor de 6.52 años entre la municipalidad con la expectativa más alta y la más baja. La municipalidad de San Salvador Centro tiene una expectativa de vida de 76.3 años, contrastando con el municipio de Sonsonate Este, que presenta la tasa más baja del país con 69.8 años.

A nivel distrital, la brecha es aún mayor: el distrito de Nuevo Cuscatlán cuenta con una expectativa de vida de 79.3 años, superando por más de 10 años al distrito con menor expectativa, Caluco, que tiene 69.0 años. Estas cifras evidencian no solo las disparidades en salud pública, sino también las desigualdades socioeconómicas que afectan a diferentes regiones del país.

El presupuesto de salud para el ejercicio fiscal de 2025 se establece en $184.21 por persona al año. Aunque este monto supera el gasto mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que es de $86 USD, un análisis más profundo revela preocupaciones sobre su distribución.

De acuerdo con los datos, el Ministerio de Salud (MINSAL) destina únicamente el 27% del total del presupuesto a servicios esenciales de salud, lo que equivale a $49.73 USD por persona al año. Este monto representa solo el 57% del mínimo recomendado por la OMS, lo que indica que las prioridades del MINSAL no están alineadas con la mejora del acceso a servicios esenciales de salud en El Salvador.

Además, el presupuesto general para 2025 ha sido objeto de críticas debido a recortes significativos en las asignaciones para salud y educación, lo que ha generado protestas por parte de organizaciones de la sociedad civil y trabajadores del sector salud. La reducción en los fondos destinados a estos sectores podría tener un impacto negativo en la calidad y acceso a los servicios de salud para la población salvadoreña.