El pasado domingo se realizó la jornada electoral en el que la población salvadoreña ejerció su voto para elegir a las autoridades que durante los próximos años conducirán los poderes ejecutivo y legislativo. Hablar sobre esta jornada no es posible sin hacer referencia al proceso electoral en su conjunto. Como he mencionado anteriormente en este espacio, el proceso electoral 2024 se enmarca en un contexto de alta concentración y centralización del poder público y en la vigencia del estado de excepción, pero además, que se ha caracterizado por unas reglas del juego inciertas y difusas, por procedimientos electorales diferenciados, por una autoridad electoral (TSE) con limitada autonomía, por la falta de condiciones equitativas para la competencia política, limitada transparencia, limitaciones al espacio cívico y una alta polarización política.

En el inicio de la jornada se observaron retrasos en la apertura de algunos centros y se reportaron denuncias, en medios de comunicación y redes sociales, de personas que fueron convocadas y capacitadas por el TSE para integrar JRV, quienes al llegar al centro de votación fueron informadas que la mesa se había completado y su apoyo ya no era requerido; hasta el momento el TSE no ha dado alguna explicación al respecto. Durante el desarrollo de la jornada se reportaron acciones propagandísticas de personas particulares, vigilantes de partidos e incluso del candidato y presidente Nayib Bukele que en una conferencia de prensa hizo un llamado implícito al voto por Nuevas Ideas al pedir una Asamblea Legislativa para continuar con sus proyectos, nuevamente sin la reacción oportuna del TSE.

Pero luego llegó el momento del proceso de escrutinio y transmisión de los resultados. Por una parte, mientras las y los ciudadanos que integraron las 8,562 JRV aún contaban los votos y pese a que hay prohibiciones explícitas en los artículos 175 y 176 la CID Gallup presentó una encuesta a boca de urna que rápidamente fue divulgada por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y el candidato y presidente, Nayib Bukele, se declaró ganador y proyectó un mínimo de 58 diputados de Nuevas Ideas. Y por otro lado se presentaron problemas vinculados con el Sistema de Registro y Transmisión del TSE. Problemas que van desde dificultades en la logística de entrega del equipo de transmisión de datos; bajo nivel de conocimiento de los miembros de las JRV de cómo utilizarlo; falta de papel de seguridad para la impresión de las actas en las JRV y la consecuente necesidad de levantamiento de actas de cierre y escrutinio a mano, y que explica parcialmente la prolongada dilación del proceso de escrutinio preliminar; dificultades con la carga de votos en el sistema de transmisión, lo cual se vio reflejado en la inconsistencia entre los datos establecidos en las actas y los originalmente publicados en el portal de resultados preliminares del TSE.

Los problemas con el Sistema de Registro y Transmisión provocaron que el escrutinio preliminar se declarara fallido por el TSE, sin que se diera explicación alguna sobre las causas de los fallos, y se decidió iniciar el escrutinio final. Adicionalmente, en redes sociales y medios de comunicación, se hicieron públicas denuncias de hallazgos de material electoral en diferentes centros de votación, poniendo en entredicho el resguardo de la cadena de custodia por parte del TSE, lo que ha incrementado los cuestionamientos sobre los resultados, particularmente de la elección legislativa.

Es así como el proceso de escrutinio final se ha vuelto un elemento clave para garantizar la integridad de los resultados. Pero para ello es necesario que este proceso se realice con una metodología clara y detallada para la revisión de actas y apertura de urnas, a fin de reducir los espacios de discrecionalidad en el trabajo de las juntas. Ojalá que el TSE además, facilite el acompañamiento del proceso por parte de la observación nacional e internacional y de los medios de comunicación, no solo para garantizar el apego a estándares técnicos a nivel internacional, sino para garantizar la transparencia de cara a la ciudadanía.