El presupuesto público representa la oportunidad de saber a qué tipo de sociedad aspiramos: una sociedad más o menos desarrollada, una sociedad más o menos transparente, una sociedad más o menos democrática, por eso es importante que desde el inicio de su formulación se abran espacios de participación para que, con los diferentes sectores de la sociedad, se discuta de manera técnica y política los aspectos positivos, pero también negativos de cómo se pretenden usar los recursos públicos que provienen de los impuestos que paga toda la población. Históricamente este tipo de espacios no habían existido, pero en los últimos dos años, en el seno del órgano legislativos se habían dado avances, aunque insuficientes, importantes al permitir que entidades no gubernamentales presentaran sus análisis y recomendaciones. Pero esta legislatura los tiró por la borda y lo único que hemos tenido en la discusión del presupuesto para el próximo año ha sido un desfile de funcionarios que lejos de participar en un debate parlamentario han asistido a ceremonias de adulación. Lo que pone de manifiesto las amenazas que suponen la falta de independencia entre los poderes del Estado y la vertiginosa concentración del poder.

El aspecto más positivo del proyecto del presupuesto es el aumento en el área de desarrollo social, sin embargo si se hace un análisis mucho más detallado resulta que la estrategia de erradicación de la pobreza, los programas específicos destinados a la garantía de derechos de mujeres y jóvenes, la educación media y superior, así como los recursos para la red hospitalaria del país sufrirán recortes, esto en un contexto donde los niveles de pobreza y la desigualdad han retrocedido al menos 7 años y la mitad de la población no come lo suficiente o incluso no come. De hecho, si se le quita el efecto inflacionario, y a pesar de que la pandemia continúa, el ramo de salud sufriría un recorte en su asignación. A esto se suma que entidades encargadas de velar por la garantía de los derechos humanos y la defensa de las personas frente al Estado, como la Procuraduría General de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, también contarán con menos recursos. Lo mismo sucederá con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que un año más experimentará un recorte en su presupuesto, reflejando que no es una prioridad para el actual gobierno.

Por el otro lado, la entidad con un mayor incremento proporcional de recursos es la Presidencia de la República.

Un año más, el presupuesto vuelve a presentar deficiencias técnicas con sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos. Por ejemplo, en el caso del servicio de la deuda interna ( Letes y Cetes), en 2022 se vencen alrededor de USD 2,000 millones, pero en el presupuesto solo se contemplan USD 241.8 millones. Esto significa que en realidad la brecha entre ingresos y gastos es mayor a la planteada en los documentos oficiales, por lo que la deuda pública pudiera superar el 90% del PIB para el próximo año. Sin embargo, uno de los desafíos más grandes para el próximo año es si el Gobierno realmente podrá obtener el financiamiento que necesita; considerando que desde el Ministerio de Hacienda se indicò que la brecha no financiada provendría de recursos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, una vez se suscribiera el Acuerdo de Servicio Ampliado con el FMI, pero ese acuerdo, como ha quedado demostrado, está lejos de lograrse. Además, entre el 30 de abril y la fecha el perfil de riesgo de El Salvador ha incrementado en más de un 150%, lo que dificulta colocar bonos en mercados internacionales. Si la actual situación política no cambia los riesgos de impago serán cada vez más latentes.

Adicionalmente, hay pocas garantías de transparencia y rendición de cuentas, así como la falta de vinculación de presupuesto con metas y resultados.

Con todo lo descrito es evidente que el proyecto de presupuesto tiene que sufrir cambios para corregir las falencias señaladas, pues de aprobarse tal cómo está o sin grandes modificaciones, el presupuesto público solo servirá para el avance de un régimen no democrático y la prevalencia del subdesarrollo.