El proyecto MAGA ("Make America Great Again") de Donald Trump se orienta hacia tres grandes objetivos: fortalecer la economía de Estados Unidos, reforzar la seguridad nacional y recuperar su liderazgo global. Se articula alrededor de cuatro pilares: en lo económico, propone políticas proteccionistas, reducción de impuestos para empresas y ciudadanos, y fomento de la producción nacional mediante incentivos a la reindustrialización y al sector energético; en seguridad y migración, plantea reforzar el control fronterizo, endurecer las políticas migratorias y reanudar la construcción del muro en la frontera con México, además de aplicar un enfoque estricto en la deportación de inmigrantes indocumentados; en relaciones internacionales, busca revisar acuerdos comerciales y alianzas globales conforme a los intereses estadounidenses, con menor participación en ciertos conflictos; y en cultura e identidad, se enfoca en promover valores tradicionales, limitar iniciativas consideradas 'progresistas' y abordar debates sobre identidad de género y educación social.
Además del retorno al proteccionismo, analizado previamente en el artículo del 11 de diciembre, la otra política del proyecto MAGA con un alto potencial de impacto en la economía salvadoreña es el endurecimiento de las medidas migratorias. Este endurecimiento podría manifestarse en dos frentes: una reducción significativa del flujo de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, producto de un mayor control fronterizo y en los países de tránsito, y un aumento de las deportaciones de quienes residen en ese país sin un estatus legal o con permisos de migración temporal.
No se cuenta con cifras precisas sobre la cantidad neta de salvadoreños que emigran anualmente a los Estados Unidos. Sin embargo, cálculos basados en datos intercensales sugieren que, en promedio, aproximadamente 40,000 salvadoreños han emigrado anualmente durante las últimas cuatro décadas.
Según la American Community Survey del United States Census Bureau (2021), en 2020 se estimaba que 1,418,147 personas nacidas en El Salvador residían en Estados Unidos, de las cuales 1,324,573 (93.4 %) eran mayores de 18 años. Por su parte, la Encuesta de Población Salvadoreña en Estados Unidos, realizada en 2022 por la Organización Internacional para las Migraciones y el Banco Central de Reserva, detalla la situación migratoria de esta población adulta: el 49.9 % se encontraba en estatus migratorio irregular, el 11.1 % contaba con Estatus de Protección Temporal (TPS), el 4.4 % tenía permisos de trabajo, el 19.8 % poseía residencia permanente, el 8.3 % gozaba de ciudadanía, y el 6.4 % estaba bajo otras categorías migratorias, como asilo, Acción Diferida (DACA) o programas similares. Esto implicaría que habría más de 660,000 migrantes indocumentados y aproximadamente 150,000 beneficiarios del TPS que, bajo un escenario de endurecimiento extremo, podrían enfrentarse a la deportación.
Si bien estas cifras ya revelan una vulnerabilidad significativa, muchos expertos consideran que el impacto podría ser mayor. Por un lado, porque consideran que la migración anual de salvadoreños a Estados Unidos supera ampliamente las 50,000 personas y, por el otro, porque calculan que la población salvadoreña en Estados Unidos podría ser al menos un millón más alta que la registrada oficialmente.
Pero, aun partiendo de las cifras oficiales y bajo un escenario relativamente optimista donde los flujos migratorios hacia Estados Unidos solo se redujeran a la mitad y se deportara únicamente al 20 % de los migrantes en situación irregular, el saldo neto anual de emigrantes salvadoreños disminuiría en 20,000 personas, mientras que más de 130,000 regresarían abruptamente al país. Esta situación tendría un impacto profundo en la economía nacional, dado que el mayor desafío socioeconómico de El Salvador radica en su insuficiente generación de empleo. De hecho, en las últimas tres décadas, el país ha creado, en promedio, apenas 13,000 empleos formales al año, mientras cerca de 50,000 personas se integran anualmente al mercado laboral. Este desbalance ha sido históricamente mitigado por la emigración, que ha funcionado como una válvula de escape para la presión laboral interna y ha garantizado un flujo constante de remesas, un pilar clave para la economía salvadoreña.
Por consiguiente, una política migratoria más restrictiva en Estados Unidos pondría en grave riesgo la dinámica económica actual, exacerbando el desempleo, el subempleo, la pobreza y las desigualdades sociales. La llegada abrupta de un elevado número de deportados agravaría aún más la situación, al requerir una infraestructura económica y social que El Salvador no está en condiciones de ofrecer, profundizando las condiciones de vulnerabilidad de la población.
Ante este panorama, será imprescindible que el gobierno salvadoreño, además de introducir ajustes sustanciales en el modelo económico vigente para incrementar la generación de empleos de calidad, gestione de manera oportuna con el nuevo gobierno de Estados Unidos un trato especial y diferenciado. Este enfoque debería incluir medidas para minimizar las deportaciones, ampliar los programas de empleo temporal, y ofrecer estímulos a las empresas para que El Salvador pueda aprovechar las oportunidades que ofrecen el nearshoring —trasladar la producción a un país cercano al mercado objetivo para reducir costos de transporte y mitigar riesgos geopolíticos— y el reshoring, que implica repatriar la producción al país de origen o a instalaciones más económicas y próximas.
William Pleites, director del Programa FLACSO El Salvador
