La EHPM 2023 nos permite caracterizar las condiciones de vida en El Salvador. En materia educativa, por ejemplo, 9 de cada 100 personas no sabe leer ni escribir, esta situación es más frecuente en la zona rural, donde 15 de 100 es analfabeta. Aunque la mayoría de la población tiene acceso a la educación básica, una cuarta parte de los niños y niñas entre 4 y 6 años no tiene acceso a la educación parvularia. Además, el acceso a la educación técnica o universitaria parece ser un privilegio más que un derecho, dado que solo el 15.7% de la población en edad de cursar estos niveles de estudio realmente lo hace. En 2023, la escolaridad promedio a nivel nacional fue de 7.3 años de estudio, con brechas significativas entre el ámbito urbano y el rural. En las áreas urbanas, la escolaridad promedio alcanzó los 8.3 años, mientras que en las zonas rurales fue de 5.6 años, lo que está por debajo del promedio nacional.
En el ámbito de salud, los resultados de la EHPM confirman la relevancia de lo público en la garantía del derecho a la salud de los y las salvadoreños. 7 de cada 10 personas de las personas que se enfermaron y consultaron con alguien lo hizo en el sistema público de salud. La mitad lo hizo en una unidad de salud u hospital del Ministerio de Salud; y, el 20.0% lo hizo en una unidad médica, clínica y hospital del seguro social.
En el ámbito laboral, la encuesta para 2023 señala al desempleo como un desafío que persiste, para ese año la tasa de desempleo a nivel nacional fue de 5.2%, pero en algunos departamentos como Cuscatlán, Morazán y Usulután supera el 6.2%. Pero también las personas que han logrado insertarse al mercado laboral enfrentan desafíos: solo 4 de 10 están cubiertos por algún tipo de seguridad social, ya sea público o privado; solo la mitad tiene un contrato de trabajo firmado; y, el 44.7% se desempeña en el sector informal. Además, persisten las desigualdades entre hombres y mujeres, estas últimas reciben un salario promedio que equivale al 80.0% del salario de los trabajadores masculinos
Respecto a las condiciones de vivienda, la encuesta evidencia que más de 34 mil hogares carecen de acceso a la energía eléctrica, más de 181 mil no tienen acceso a agua por cañería y solo 6 de cada 10 hogares disponen de la basura mediante el tren de aseo público.
Uno de los indicadores más relevantes a los que le da seguimiento la EHPM es la pobreza, en nuestro país más de la cuarta parte, 27.2%, de los hogares vive en situación de pobreza, un porcentaje por encima de lo observado durante el 2020 con los impactos de la pandemia. De los hogares en situación de pobreza, más de 177 mil se encuentran en pobreza extrema, es decir que sus ingresos no les permiten ni siquiera cubrir el costo de la canasta básica de alimentos.
En los párrafos anteriores he compartido varias estadísticas, que no son invención mía, sino datos oficiales publicados por el propio gobierno de El Salvador. Esos números, que en este espacio podrían leerse de manera fría, representan la realidad con la que la mayoría de salvadoreños y salvadoreñas deben lidiar cada día, una realidad en la que muchos derechos pareciera que son privilegios y donde, cada día, muchas familias no tienen certeza sobre cómo llevaránel pan a su mesa. Los datos perfilan un país que se aleja de ese nuevo país de prosperidad que la propaganda gubernamental describe. Pero al ser datos oficiales y públicos están a la mano del presidente, sus ministros, sus diputados y resto de sus funcionarios, y por lo tanto pueden y deben utilizarlos para tomar decisiones de política públicaque nos acerquen a ese país que todos deseamos: un país que garantiza derechos y que mejora las condiciones de vida para todos y todas.
Lourdes Molina Escalante es economista sénior del Icefi
@lb_esc