En estas condiciones aflora con mayor intensidad el debate y dudas que genera el creciente deterioro de la institucionalidad debido a la ruptura constitucional de la división de poderes del Estado; sin embargo, luchar por alcanzar condiciones mínimas permitiría realizar un proceso electoral medianamente aceptable desde los estándares internacionales. El resultado abre el espacio para retomar el camino de construcción democrática que condujo a los Acuerdos de Paz, en los que el diálogo y el consenso fueron condición indispensable para construir la incipiente institucionalidad alcanzada.
Un problema considerable es la profunda anemia y debilidad institucional del TSE, al que de Tribunal y Supremo le queda muy poco, debido al incomprensible sometimiento del colegiado (con minúscula) a los designios del gobierno y del partido en el poder. El conformismo y acomodamiento manifiesto en varios de sus titulares es inexcusable; referir que no hay una definición sobre propaganda electoral anticipada y que la campaña en el exterior no puede sancionarse es cuando menos una vergüenza para un juez electoral, y lo digo con la solvencia de haber iniciado el camino de las sanciones por propaganda ilegal en El Salvador.
Durante la primera semana de julio de 2020 el TSE realizó un evento en el que recogió insumos y se comprometió con la sociedad y los partidos políticos para regular el uso de las plataformas de redes sociales a partir de las elecciones legislativas y municipales de 2021. Luego, en abril de 2022, el mismo Colegiado del TSE anunció la preparación de un “paquete” de reformas electorales enérgicas con determinación y firmeza para sancionar las campañas adelantadas a través de redes sociales; anunciaron la firma de sendos convenios con Facebook, Twitter; que incluía el control sobre YouTube, Instagram y Tik Tok, de aquello solo quedó el registro en medios.
Nuevamente, el pasado 23 de febrero magistrados del TSE anunciaron que serían drásticos con las actividades ilícitas de campaña adelantada, advirtieron la aplicación de duras sanciones, y ofrecieron nuevamente el exorcismo al mal espíritu de campañas adelantadas, otra vez, mediante la suscripción de sendos convenios con las principales plataformas de redes sociales y la aplicación de multas drásticas y mucho bla, bla, bla....
Lo cierto es que “las carreras de chucho haragán” del TSE tan siquiera despeinan a las instituciones del gobierno agresivamente volcadas en campaña adelantada en todos los territorios; muestra de ello es el abusivo uso del color partidario con el que la Dirección de Obras Municipales (DOM) y FOVIAL ha tapizado todos los rincones del país con pendones de bacheo, señales de tránsito, uniformes de trabajadores, postes de alumbrado eléctrico tapizados de cian fluorescente, camiones de recolección de desechos sólidos, paquetes de alimentos rotulados con candidaturas y bolsas causalmente celestes, juegos infantiles, piñatas, vehículos tapizados con banners, cabalgatas hípicas y decenas de giras al exterior de legisladores oficialistas promoviendo abiertamente la reelección inconstitucional de Bukele.
Lo cierto es que tanto la Constitución como el Código Electoral y la jurisprudencia constitucional y electoral definen con claridad la autoridad y competencias del TSE, así como la propaganda electoral ilegal. Hacerse del ojo pacho, contradiciendo incluso sus propios criterios, solo favorece al partido de gobierno que está en una franca campaña.
Aun en estas precarias condiciones institucionales, la decisión de la oposición desde la sociedad civil y los movimientos sociales de participar y promover una candidatura presidencial unificada, más allá del sentido electoral de disputar el poder y el control legislativo a la dictadura de Bukele, debe tener la visión política de contribuir a la acumulación organizativa, a la unidad y continuidad de todas las fuerzas democráticas y progresistas para reconstruir el país y el tejido político y social más allá del 2024.